El Gobierno chino prohíbe a la población del continente instalarse en Hong Kong

La historia de Hong Kong acaba de dar un giro fundamental que podría ser decisivo para su futuro: será Pekín el que prohibirá a varios cientos de miles de chinos de la República Popular instalarse en la nueva región administrativa especial. Y lo hará reinterpretando, a expresa petición del Gobierno de Hong Kong, dos artículos de la nueva Constitución del territorio, que, según un fallo del Tribunal de Apelación del pasado 29 de enero, conceden el derecho de residencia a todos los hijos de residentes, aunque sean nacidos fuera del matrimonio o incluso antes de que alguno de los dos padres hubiera adquirido la residencia. Esta variación devuelve a China el derecho de regular los flujos de salida.La decisión de pedir ayuda a un órgano político de Pekín -el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP)- para reinterpretar un artículo que los jueces de última instancia en Hong Kong ya habían interpretado ha suscitado indignación entre juristas y miembros demócratas del Consejo Legislativo, que ven un ataque a la autonomía del territorio, a la independencia de la justicia y al mismo Estado de derecho.

Para atenuar el impacto de la sentencia, el Gobierno pudo proponer una restricción de la definición del texto constitucional que describe quiénes tienen derecho a la residencia. Pero, como ayer explicó el Gabinete al Consejo Legislativo, la enmienda habría tardado un año en votarse, no sería retroactiva y entretanto el Ejecutivo hubiera debido aplicar la sentencia y acoger a decenas de miles de inmigrantes.

El Ejecutivo ha privilegiado la rapidez corriendo el riesgo de ser acusado de precipitación. "Hay que interpretar la Constitución, puesto de la interpretación de los jueces no conserva la intención original del legislador", afirma el Gobierno. Y continúa: "No se trata de cambiar la sentencia, sino de encontrar detrás las intenciones originales de la ley". Explicación: la interpretación cambia las reglas en numerosos casos, pero no en los que ya están juzgados.

Cuestiones de fondo

El asunto plantea cuestiones fundamentales sobre el giro que está tomando la vida política en Hong Kong. Porque, si el Gobierno respeta la letra de la Constitución, parece traicionar su espíritu, fundado sobre la autonomía del Ejecutivo en relación a Pekín, de la justicia en relación al Gobierno, y sobre el respeto al principio un país, dos sistemas. Primero, porque esta decisión debilitará la autoridad de los magistrados. Además, corre el riego de ser un desagradable precedente: cada vez que el Gobierno sea cogido en falta, ¿irá, como ahora, a solicitar el arbitraje político de Pekín? Y en fin, porque, una vez que el Consejo Legislativo ha rechazado un verdadero debate sobre el fondo, el Gobierno está privando a la población del debate social necesario.

Pero, sobre todo, este asunto verifica que el sistema judicial de Hong Kong no es el de la common law heredado de los británicos, sino más bien un sistema híbrido nacido de una alianza contranatural entre la civil law de China Popular, donde la ley está subordinada a la Asamblea Nacional Popular, y la common law británica, en la que una decisión final es definitiva. Queda por saber en cuánto tiempo la primera sumergirá a la segunda.