Envejecer sin ayudas

La pugna política en la llamada guerra de los geriátricos entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido un efecto inicialmente prometedor: los partidos políticos que se presentan a las municipales del 13-J en la capital catalana dedican en sus programas electorales el doble de espacio que hace cuatro años a los problemas de la tercera edad. El 21% de la población barcelonesa (311.000 personas) tiene más de 65 años y las distintas formaciones políticas, conscientes de un capital electoral que se extiende al resto de municipios, lanzan un mensaje diáfano de apoyo a las necesidades de los mayores: hay que construir más residencias y potenciar los servicios asistenciales. Más allá de los gestos de buena voluntad, la pelea dialéctica vivida en la plaza de Sant Jaume sobre qué institución, la Generalitat o el Ayuntamiento, es responsable de que no se haya construido ni una sola residencia en Barcelona en los últimos seis años ha evidenciado un modelo de mínimos en la atención de los ancianos, desbordado por el rápido envejecimiento de la población. La realidad en todo el territorio no es nada halagüena: la Generalitat no ha creado ni una sola plaza geriátrica pública en 22 de las 41 comarcas catalanas; Cataluña es la tercera comunidad autónoma que menos oferta de geriátricos públicos ofrece a su población de la tercera edad; Bienestar Social ha reducido un 70% sus inversiones en la creación de residencias en los últimos cuatro años, etcétera. A pesar de todo esto, el consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, se esforzaba el pasado domingo en recalentar el debate al volver a reprochar al Consistorio barcelonés la falta de cesiones en forma de solares para construir geriátricos. Esta reiterada diatriba del consejero ha sido vista desde la Federación de Municipios de Cataluña y en los escaños de la oposición en el Parlament como un mero intento de escurrir el bulto. No hace mucho, el Instituto Catalán de Servicios Sociales (Icass) informaba a las asociaciones de la tercera edad de que la Generalitat no estaba obligada legalmente a construir residencias en comarcas con una población superior a los 50.000 habitantes. La guerra de los geriátricos, que duró nada menos que cuatro meses (de enero a abril de este año), también puso sobre el tapete otro déficit importante: la asistencia domiciliaria. En el debate monográfico de Política Social que se celebró el 7 de abril en el Parlament, el consejero Comas recordaba que la asistencia primaria es competencia de los ayuntamientos y que de ellos dependen los servicios de ayuda en el hogar. Una cuestión vital si tenemos en cuenta que sólo el 3% de las personas de más de 65 años prefieren ser atendidas en un geriátrico, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. La mancha de aceite crecía: las competencias en materia asistencial de la tercera edad están repartidas, hacen falta más inversiones de las diferentes administraciones y también una mayor coordinación entre éstas. La psicóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona y experta en temas de vejez, Mercè Pérez Salanova, apunta que la clave del debate radica en si la Administración debe plantearse la cuestión como una ayuda benéfica o bien como un derecho universal, como una parte más de la asistencia sanitaria y social. Pérez Salanova ilusra que en países como Alemania, Austria y Luxemburgo, que cuentan con unas ratios de plazas gerátricas muy superiores a las de aquí, hace años mantuvieron un debate similar que se saldó con la creación del llamado seguro de la dependencia. A través de un complemento en las cotizaciones del trabajador y de la empresa, los ciudadanos se han dotado de un sistema integral de servicios principalmente pensado para las personas mayores que ya no pueden valerse por sí mismas. El sistema permite combinar servicios domiciliarios, residencias de larga estancia, pisos de temporada y, entre otras atenciones, ayuda psicológica.

En Cataluña, como sucede en el resto de España, la dependencia senil se ha resuelto siempre en la esfera familiar. Las mujeres acostumbraban a resposabilizarse del cuidado de los abuelos. Pero la población es cada vez más lóngeva, se dan más casos de sobreenvejecimiento -personas que sobrepasan los 80 años-, se ha doblado el número de ancianos que padecen Alzheimer y cada vez son más las mujeres que deben atender una jornada laboral además del trabajo en el hogar. Por todo ello, algunos profesionales de la gestión asistencial empiezan a reclamar un debate político de mayor calado que establezca una nueva organización social en el cuidado de las personas mayores.