¿Quién debe elegir a los rectores? ANTÓN COSTAS
Esta pregunta corre el riesgo de convertirse en el centro del debate sobre la reforma de las funciones y el gobierno de nuestras universidades públicas. Y no debería ser así. Porque no es una buena pregunta. Y de una pregunta mal enfocada no puede salir una buena respuesta. ¿Cuál es el problema? Las universidades públicas han mejorado en todos sus aspectos desde la LRU de 1983. Pero existe la percepción de que les falta dinamismo y flexibilidad para enfrentarse a los cambios que se avecinan. Por una parte, la caída del número de nuevos alumnos en los próximos años dejará a las universidades públicas sin la capacidad de presión que ejercía sobre el poder político la voz de los alumnos sin plaza. Por otra, ahora existe la competencia de otros centros privados y públicos, y los nuevos estudiantes pueden ejercer la opción de salir del sistema público para pasarse al privado. Con menos voz y con mayor opción para la salida, la calidad de cada universidad se transforma en un elemento clave para su supervivencia. Y la mejora de la calidad exige de cada universidad ingenio y capacidad de innovación para definir y aplicar estrategias específicas y distintivas. El problema es, por lo tanto, la rigidez interna con que se encuentran las universidades a la hora de definir lo que quieren ser y de llevar a cabo los cambios necesarios para lograrlo. En un documento conjunto dado a conocer hace unos días, la Fundación del Círculo de Economía y la Fundación Bosch i Gimpera han tenido el acierto de identificar ese problema y sacar el debate del estricto seno de la comunidad universitaria. Una de sus propuestas es cambiar el proceso de elección de los rectores, para que sea un nuevo consejo social reformado el que lo designe. A la vez, el documento propone atribuir el rector mayor capacidad ejecutiva unipersonal para aplicar la estrategia que decida cada universidad. Como se ve, se opta por un cierto presidencialismo en el gobierno de las universidades para mejorar su capacidad de innovación y cambio. No entro aquí en las posibles consecuencias no deseadas de esa opción, como podrían ser que el poder político de turno finalmente nombrase al rector, o que las posibles alcaldadas derivadas de ese presidencialismo fuesen tan paralizantes como el actual estamentalismo. Lo que quiero destacar ahora es otro tipo de riesgo. La propuesta es tan llamativa (por radical) y polémica que puede acabar haciendo girar todo el debate sobre esta cuestión, ocultando la riqueza de análisis y propuestas que contiene el documento. Es cierto que los actuales estatutos otorgan a los estamentos universitarios (profesores estables, contratados, estudiantes y personal no docente) una gran capacidad de influencia en la elección de rector y de maniobra a la hora de condicionar su labor de gobierno. La posibilidad de que algunos de estos estamentos apliquen coaliciones negativas de intereses es algo comprobado en la vida universitaria. Pero la vía para evitar estos comportamientos no puede ser el privar a la comunidad universitaria de la participación en la elección de rector. Sería un error estratégico centrar la discusión en este punto.
