93 directores de instituto gallegos dimiten en demanda de fondos

Un grave conflicto amenaza la normal conclusión del curso escolar en Galicia. Noventa y tres directores de instituto (el 40% del total) firmaron el pasado miércoles su dimisión para exigir a la Xunta más fondos y más personal no docente. Las renuncias no se harán efectivas hasta el próximo día 25, a la espera de que la Xunta ofrezca soluciones concretas a las reivindicaciones presentadas por los responsables de los centros públicos.

El conflicto se desató el pasado abril en la provincia de Ourense, pero en pocas semanas se ha extendido a toda Galicia. De momento, las dimisiones en masa se han planteado como una medida de presión tras la apertura de las negociaciones entre la Xunta y los directores, iniciadas esta misma semana. Los responsables de los institutos insisten en que llegarán hasta el final si no se alcanza un acuerdo en los próximos 10 días. El consejero de Educación, Celso Currás, ya ha advertido de que está obligado a aceptar las dimisiones y que, frente a la postura de fuerza colectiva, actuará "caso por caso".Los directores exigen más fondos para gastos de funcionamiento de los centros, más personal para los servicios de conserjería y limpieza, que se cree una nueva figura de administrador para reforzar los equipos de gestión burocrática de los institutos -hasta ahora integrados por el director, el vicedirector, el jefe de estudios y el secretario-, que se aumente también la dotación del profesorado de apoyo y que se constituya un nuevo organismo para establecer un diálogo permanente entre los responsables de los centros y la Administración. "Con la implantación de la LOGSE", declaró Antonio Vázquez, portavoz de los dimisionarios, "es necesario dedicar más tiempo a tareas de organización, lo que está provocando que se pierdan horas lectivas". Pero el principal motivo de discordia es el presupuesto dedicado a los gastos de funcionamiento de los institutos que, según el Gobierno gallego, se ha incrementado en un 15% durante el curso actual. Frente a las demandas iniciales planteadas en Ourense, la Xunta reaccionó con la amenaza de investigar las cuentas de algunos centros, ya que, según asegura, se dan casos de institutos con el mismo número de alumnos y profesores que difieren notablemente en las cantidades que destinan a conceptos como teléfono, luz y calefacción.

Esas insinuaciones indignaron a los directores, quienes alegan que, aunque haya crecido el presupuesto global destinado a ese concepto, en algunos centros en particular ha disminuido.

Además, insisten los directores, la implantación de la LOGSE requiere una mayor dotación económica, que, en su opinión, la Xunta no ha cubierto de modo satisfactorio. Con todo, tampoco existe unanimidad entre los directores sobre las medidas de fuerza adoptadas, como se puso de manifiesto en la asamblea celebrada el pasado miércoles en Santiago de Compostela, especialmente porque las dimisiones se produjeron sólo dos días después de que se celebrase la primera reunión negociadora entre ese colectivo y la Consejería de Educación.

La actitud de los directores es vista con recelo por algunos sindicatos, que temen que los responsables de los centros se atribuyan la negociación de asuntos de carácter laboral. Xosé Barral, responsable gallego de la Federación de Educación de CC OO, criticó ayer a la Xunta por insinuar la existencia de irregularidades económicas, pero al mismo tiempo reclamó que se ponga fin al "actual diálogo de sordos".