El fiscal pide la imputación del inspector que firmó actas sospechosas a tres empresas

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que instruye el caso Torras, la imputación del inspector de Hacienda de Barcelona Manuel Abella. Éste fue el actuario que realizó la inspección a las empresas Aciesa, Lodeve y Beaming, que se saldaron con actas con reclamaciones simbólicas. La Fiscalía, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, también está investigando el patrimonio personal de Abella.Las tres empresas antes mencionadas, que realizaron operaciones relacionadas entre sí, fueron inspeccionadas durante la época en la que el jefe de la inspección en Cataluña era José María Huguet, quien ha reconocido haber ingresado ilícitamente cientos de millones en una cuenta en Suiza, junto con el ex director general de Hacienda Ernesto de Aguiar.

La relación entre Abella y Huguet era, de hecho, indirecta pues el encargado de realizar las inspecciones, Abella, estaba bajo las órdenes del inspector jefe adjunto, Roger Bergua. Este último fue hombre de confianza de Huget durante varios años.

La primera de las tres sociedades investigadas, Aciesa, fue una verdadera tapadera para el pago de comisiones a terceros y para el cobro de supuestos servicios al Grupo Torras, empresa controlada en aquella época por Javier de la Rosa.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la Fiscalía es el de que a pesar de tener muy poco personal y de que apenas contrataba servicios externos a terceras empresas, la inspección nunca detectó nada extraño.

A modo de ejemplo, Aciesa declaró en 1990 que había pagado 1,8 millones de pesetas en 1990 como salario de su personal, a pesar de lo cual pudo facturar 1.300 millones de pesetas. Los servicios externos contratados sumaron 74 millones. El acta de la inspección de ese año, en el que la empresa declaró pérdidas de 8.500 millones, fue de tan sólo 500.000 pesetas.

Según las fuentes consultadas, "es muy extraño que Aciesa facture por trabajos y estudios complejísimos sin apenas personal ni acudir a terceros". Además, "en 1993 tenía sólo dos empleados y un solo consejero, por lo que es imposible que hiciera los trabajos que aparecen facturados en su contabilidad".

Otro tanto sucede con las otras dos sociedades, aunque en este caso es posible que Abella deba declarar directamente en la Fiscalía Anticorrupción, que está instruyendo su propia causa por posibles cohechos en la Inspección de Hacienda en Cataluña durante la etapa de Huguet y Aguiar, pero que no están directamente relacionados con el caso Torras.