El padre de una niña asesinada pide al Estado 200 millones de indemnización

VIENE DE LA PÁGINA 1 El recurso presentado por el abogado de Ricart también solicita, entre otros, la retirada de los agravantes de despoblado y ensañamiento. Las acusaciones populares, a la vista del relato de los hechos que recoge la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, se opusieron rotundamente a esta petición. Latorre fue claro ante el tribunal: "El crimen se produjo con saña, para incrementar voluntariamente el dolor de forma gratuita y superflua". Ricart fue condenado en septiembre de 1997 a 170 años de prisión como autor de tres delitos de asesinato y rapto y cuatro de violación. Según el fallo, consecuencia de un juicio celebrado a lo largo de 49 sesiones, las víctimas del macabro crimen -Miriam García, Desirée Hernández y Antonia Gómez, de entre 14 y 15 años- fueron golpeadas con palos y piedras y una de ellas acuchillada antes de ser asesinadas de un disparo en la cabeza. En ese sentido, otra de las representantes de la acusación popular, Luisa Ramón, criticó sin tapujos las tesis del padre de una de las víctimas del crimen. El abogado que representa a la familia de Antonia Gómez, Fernando García Canela, aseguró que Ricart es inocente de una de las cuatro violaciones de las que fue acusado, extremo que ni siquiera pone en entredicho la defensa. Ramón recordó y criticó -en velada referencia al padre Miriam, Fernando García, sin representación en esta vista porque su recurso no fue presentado en tiempo y forma- la frecuencia con que se dieron este tipo de situaciones en el juicio celebrado en Valencia. Segundo recurso García Canela, además, defendió el segundo recurso presentado contra la sentencia del caso Alcàsser. Demandó que el Estado indemnice con 200 millones de pesetas a las familias de cada una de las víctimas como responsable civil subsidiario de los actos de Ricart. El letrado defendió sus tesis recordando que, cuando se cometieron los hechos, en noviembre de 1992, El Rubio estaba en busca y captura. Si su arresto se hubiera producido, "no estaríamos hoy aquí", dijo. La Audiencia absolvió al Estado y condenó al único juzgado por el caso a pagar 100 millones de pesetas a las familias de las tres víctimas, cantidad que ni se ha hecho ni se hará efectiva dada la manifiesta insolvencia de Ricart. El abogado del Estado se volvió a oponer a la petición de García Canela, ya solicitada por varias acusaciones en el primer juicio. En su opinión, no puede atribuirse a las autoridades "una dejación de funciones" porque uno de los autores de los hechos fuera un prófugo. Además, recordó, Ricart no tiene ninguna vinculación con la Administración. Las acusaciones populares no se pronunciaron sobre la petición de la familia de Antonia Gómez. El fiscal, por contra, también se opuso. Los magistrados harán público su fallo en unos 15 días. El presidente de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Jiménez Villarejo, será el ponente de la resolución al recurso presentado por el único condenado por el triple crimen. De hecho, el principal sospechoso de los asesinatos, Antonio Anglés, continúa en paradero desconocido, siete años y medio después de los hechos. Así, la sentencia redactada por el presidente de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, Mariano Tomás Benítez, apuntaba que las adolescentes fueron raptadas, torturadas, violadas y asesinadas de un tiro en el paraje de la Romana, en Tous, por Ricart, "en compañía de otro varón identificado y posiblemente de alguna persona más". El fallo recomendaba que continuaran las pesquisas, aún abiertas, por la "alta probabilidad de que otras personas" hubieran intervenido en los hechos.