El Gobierno admite que hay redes que explotan a inmigrantes rusos

Dos ciudadanos rusos, B. S., de 41 años, y M. K. C., de 38, han sido detenidos por la Guardia Civil como miembros de una organización que explotaba a inmigrantes de esa misma nacionalidad y a ucranianos en la comarca de La Vega Baja. Tras estas detenciones, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, reconoció ayer, por primera vez, la existencia en la provincia de Alicante de redes rusas que explotan a trabajadores inmigrantes de esa nacionalidad y otros países del este europeo.

Carlos González Cepeda reconoció que existe una "gran organización" que se "ha dedicado al tráfico de inmigrantes" a la Comunidad, especialmente en el sur de Alicante. El delegado añadió que la inmigración ilegal es una de las preocupaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil porque el tráfico de inmigrantes en la Comunidad Valenciana, tradicionalmente una zona de paso hacia Europa, "es muy importante", informa Europa Press. En la misma operación, la Guardia Civil detuvo a 32 ciudadanos del este europeo que bajo engaños llegaron a España con supuestos contratos de trabajo. A estos inmigrantes se les aplicará la Ley de Extranjería. Casi todos han presentado denuncia contra los dos cabecillas del grupo criminal. Según la Guardia Civil, la organización insertaba anuncios en los medios de comunicación de Rusia para ofertar trabajo en España con todos los requisitos legales, previo pago de 500 o 1.000 dólares (77.350 o 154.000 pesetas), según el viaje fuera en autobús o vuelo chárter. Un engaño. Entraban a España con visado de turista y sin contrato de trabajo. Una vez en el destino, se les obligaba a trabajar ilegalmente en el campo, previo pago de 250 dólares más (38.675 pesetas), bajo la amenaza de ser deportados a sus países de origen si denunciaban su situación. Por cada jornada de trabajo los inmigrantes recibían de los empresarios agrícolas entre 3.000 y 5.000 pesetas. Pero casi todo ese salario iba a parar a la organización, que justificaba los cobros a los inmigrantes en concepto de gastos de alojamiento, transporte y gestión. Con suerte, el trabajador recibía entre 500 y 1.000 pesetas. En un pequeño piso vivían hacinados hasta 20 inmigrantes, que eran trasladados de siete en siete en los turismos que alquilaba la organización. La Guardia Civil tiene constancia de la existencia de dos redes de este tipo en la comarca, aunque de momento sólo ha logrado detener a dos miembros de una de ellas. La operación, llamada Vega Baja, se centra ahora en la investigación a los empresarios agrícolas que contrataban a los inmigrantes. El grupo de inmigrantes se desplazaba cada mañana desde Torrevieja y San Miguel de Salinas hasta la pedanía oriolana de La Campaneta. Allí, a las puertas de un bar, los agricultores de la zona acudían para seleccionar a los trabajadores para la recolección. El responsable de la sección de inmigrantes de CC OO en Alicante, Jamal Chaibí, aseguró ayer que los países de origen en los que se reclutan trabajadores han variado, informa Joaquín Pérez. Chaibí explica que se está produciendo un "cambio" de los trabajadores del Magreb por los que proceden de países del este. CC OO solicita un "mayor control" sobre las empresas que realizan contrataciones masivas de inmigrantes.