El fiscal sostiene que Gil compró el Atlético con dinero que le prestó Dorna

Dorna, la empresa de intermediación deportiva propiedad de Banesto, prestó a Jesús Gil 1.300 millones de pesetas para comprar el 63% del Atlético de Madrid en 1992. Ésta es la tesis del fiscal anticorrupción, que no desmiente la defensa del alcalde de Marbella. Gil se escudó ayer en que el juez Santiago Torres es incompetente para investigar el supuesto desvío de 450 millones del Ayuntamiento al club para no prestar declaración ante el magistrado.

El juez, el fiscal y la acusación orientaron sus interrogatorios a esclarecer la procedencia del dinero con que Jesús Gil y Enrique Cerezo, vicepresidente del Atlético, suscribieron en julio de 1992 acciones del club por 1.300 y 600 millones de pesetas, respectivamente, lo que significaba el 92% del capital social de 2.062 millones. La tesis del fiscal es que Dorna, empresa dedicada a la promociones deportivas propiedad de Banesto, hizo "una operación contable concebida de manera artificial" que consistió en prestar por 24 horas los 1.900 millones al club.José Ramón Guimaraens, que fue administrador de Dorna hasta 1994, reconoció ayer ante el juez instructor que su empresa prestó el dinero a Gil, aunque negó que entregara 600 millones a Cerezo. Parece acreditado en la documentación de la que dispone el juez Torres que el dinero procedía del Banco de Vitoria, del grupo Banesto, y que los 1.300 millones de Gil fueron devueltos el día siguiente con 25 millones de intereses.

La acusación incidió sobre otras supuestas irregularidades. José Carlos Aguilera, que ejerce la acusación popular en nombre del PSOE, apuntó que en 1993, el Ayuntamiento y Dorna acordaron el patrocinio de las camisetas del Joventut de Badalona, por 200 millones de pesetas. El letrado dijo que ni hay constancia de que hubiera un contrato ni ese acuerdo pasó por ningún pleno. Horacio Oliva, defensor de Gil, reconoció ayer que el contrato tenía que ser aprobado por la comisión permanente del Ayuntamiento para que tuviera valor y que tal trámite no se llevó a efecto. De hecho, según la defensa ese patrocinio no se pagó nunca. Dorna presentó un pleito para cobrarlo hace más de un año.

También declaró ayer en Marbella Pablo de Castro, auditor de las cuentas del Atlético de Madrid. Castro admitió que cuando su empresa terminó la revisión del ejercicio 1991-92 "no había ni rastro" en la contabilidad del club del contrato que Gil afirma haber cerrado entre el Ayuntamiento y el Atlético el 14 de julio de 1991 por valor de 225 millones de pesetas para poner el nombre de Marbella en las camisetas de los jugadores en la temporada siguiente. De Castro también explicó que al concluir la auditoría de 1992-93 "apreciaron que el valor patrimonial neto del club era inferior al 50% de su capital social" y se lo comunicaron a los rectores de la entidad. Esto significaba que el club podía descender a Segunda B. La tesis del fiscal anticorrupción es que entonces se "inventaron" los dos contratos de patrocinio por un valor total de 450 millones.

Aguilera calificó la actitud del alcalde ayer al negarse a declarar de "estrategia procesal dilatoria" orientada a apartar al juez Torres de la instrucción del caso. Para que se dilucide la cuestión de competencia, antes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe resolver una recusación que el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha planteado contra la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, por favoritismo hacia Gil y enemistad hacia el fiscal.