Las víctimas por gran invalidez cobrarán 65 millones

El vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, anunció ayer que cada una de las víctimas del terrorismo con gran invalidez cobrará 65 millones de pesetas. Este dato figura en el informe económico, anexo a la Ley de Víctimas del Terrorismo, que Álvarez Cascos ha entregado a los partidos. Las indemnizaciones se completan así: 14 millones por incapacidad permanente absoluta; 7 millones por incapacidad permanente total y 3,5 millones por incapacidad permanente parcial. Los familiares de los fallecidos recibirán 21 millones. Las indemnizaciones costarán al Estado 44.000 millones.El Gobierno, según Cascos, ha seguido el procedimiento de estudiar las sentencias de la Audiencia Nacional referidas a 500 fallecidos desde 1968, año desde el que se aplica la ley. Los datos obtenidos se han combinado con las cifras de indemnización abonadas en función de la legislación vigente. Como resultado de este estudio sobre los 500 fallecidos que tienen sentencia dictada, el Ejecutivo estima que tendrá que pagar 13.429 millones.

Sin sentencia

De ellos, 9.985 millones corresponden a los 336 supuestos que tienen reconocida una indemnización por sentencias superior a 21 millones que, según la ley, se abonará según el fallo dictado. Otros 3.444 millones corresponden a los 164 casos que tienen reconocida, según la sentencia, una cuantía inferior a 21 millones y que debe aumentarse hasta esta cifra. Hay que añadir los fallecimientos por hechos que, según la ley, permiten el cobro de indemnización aunque no aparezcan en ninguna sentencia. Son 500 casos, lo que añade 10.500 millones. En definitiva, las indemnizaciones por muertes subirán a 23.929 millones.Respecto a las lesiones permanentes no invalidantes, existen 768 casos recogidos en sentencias y pueden aparecer otros 700 más. El Gobierno estima un costo de 1.830 millones por este concepto. En cuanto a los casos de invalidez e incapacidad en sus distintos grados, el Gobierno calcula un monto de 14.571 millones por los 589 casos con sentencia y por otros 500 que, según estima, reclamarán.

Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, y Rosa Aguilar, de IU, se mostraron ayer críticos con Cascos por la publicación unilateral del informe, aunque ratificaron su consenso. "Es una proposición de ley, pactada por todos, y no debe monopolizarla el Gobierno". También criticaron el "contenido economicista" que Cascos le otorga cuando "es ante todo una ley de reparación moral de las víctimas del terrorismo".

Rubalcaba pidió a Cascos que "deje de hacer política con un tema tan delicado". Y Aguilar sentenció: "Cascos no debe utilizar a las víctimas para recuperar imagen".