Construyamos la cara social del euro

La integración en Europa es uno de los mayores logros de la democracia española restablecida en 1977. La voluntad de integración ha sido compartida de manera casi unánime por la sociedad española e impulsada por un interés en recuperar el tiempo perdido (sin duda, las cosas serían hoy diferentes si España hubiera estado, en 1957, entre los firmantes del Tratado de Roma) y por la convicción de que nuestro futuro está asociado al de Europa. Por todo ello, el ingreso de nuestro país en las Comunidades Europeas en 1986 marcó un hito y cambió el panorama. Trece años después, el balance de ese hecho es incuestionablemente positivo: logro de una aspiración histórica, modernización de las leyes, fuerte impulso de la economía, integración en el plano cultural y político,etc.Sin embargo, no se ha visto acompañado suficientemente por una disminución de la brecha en el plano social. En 1986 estábamos muy lejos de los parámetros comunitarios en niveles de renta, empleo y bienestar y en 1999 seguimos casi a la misma distancia. Y en la crucial materia del empleo (como muestra el cuadro adjunto), todos los indicadores son desfavorables para España, tanto en su cuantía como en su calidad: tenemos menos personas ocupadas y más personas en paro, tanto globalmente como en cada uno de los sectores claves considerados habitualmente en las políticas comunitarias: juvenil, femenino y de larga duración. Además, nuestro mercado de trabajo es el más dualizado de Europa por el abuso en la contratación temporal.

Las diferencias son igualmente abrumadoras en otros campos: estamos 5,7 puntos por debajo de la media de la UE en gasto de protección social, tenemos salarios considerablemente más bajos y un porcentaje mayor de pobres. Y la distancia de la renta per cápita española de la media de la UE es similar a la que había en 1986: nada menos que ¡22 puntos!

Hasta ahora, esas evidencias quedaron tapadas por dos factores. Por una parte, porque el orden de prioridades ha sido otro. La reestructuración de la economía y el ingreso en uno de los clubes más ricos y selectos del planeta, ha primado sobre cualquier otra cosa. Pero ha influido en esto, además, la propia concepción política imperante: los poderes públicos han actuado bajo la premisa de que los avances sociales serían una consecuencia necesaria de la pertenencia a la UE, pensando que las políticas comunitarias, los fondos estructurales y la propia dinámica del mercado lograrían reducir las diferencias. Por contra, en UGT pensamos que cumplido el gran objetivo de la integración a la UE y, sobre todo, a partir de la adopción del euro, debe haber un cambio en las prioridades y abordarse sin demora uno de los grandes desafíos de la sociedad española: la convergencia real en el plano social, con el carácter de un verdadero proyecto colectivo en el que participen todos los sectores. Para lograrlo, UGT propone cuatro objetivos imprescindibles.

El primero es alcanzar los niveles de empleo de la UE a través de una política centrada prioritariamente en la creación de puestos de trabajo en lugar de los ejes sobre los que gira la política económica actual: reducción del gasto público (por debajo de las exigencias comunitarias y a costa de las infraestructuras), obsesiva reducción de impuestos a los sectores con mejor nivel de renta, liquidación del sector público, privatización de servicios públicos básicos como la sanidad,etc. Una política de empleo distinta exige impulsar las inversiones públicas, establecer políticas industriales, implantar la semana laboral de 35 horas semanales, desarrollar las nuevas fuentes de creación de empleo (servicios comunitarios y atención al ciudadano), poner en marcha una verdadera estrategia medioambiental y aumentar el gasto público en políticas activas de empleo. Dos medidas son relevantes en esta dirección: mejorar cuantitativa y cualitativamente la formación profesional hasta alcanzar los niveles europeos y aumentar la inversión en investigación y desarrollo, que está a niveles ridículos.

Un segundo objetivo es mejorar la calidad del empleo reduciendo la enorme temporalidad actual para lo que es impostergable poner en vigor medidas legislativas y contractuales (convenios colectivos) que reduzcan la rotación interminable sobre los mismos empleos y acaben con los abusos de las empresas de trabajo temporal. Es fundamental el cumplimiento pleno de los acuerdos firmados por los dos sindicatos mayoritarios con la patronal en abril de 1997 sobre estabilidad del empleo y sobre negociación colectiva. Además, debe actuarse para mejorar la seguridad en el trabajo (aspecto en el que somos poco europeos), garantizar la igualdad de oportunidades (sin medidas efectivas para fomentar el empleo y las condiciones laborales de la mujer -entre ellas, una buena ley sobre descanso parental- solicitar su apoyo electoral resulta un tanto cínico), promover el empleo de los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo, luchar más contra la economía sumergida,etc.

En tercer lugar, UGT considera que una política social de acompañamiento del euro debe dirigirse a aumentar la protección social y los servicios públicos. Ello requiere elevar la cuantía de las pensiones, separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, garantizar una renta mínima para situaciones de necesidad, aumentar la protección por paro que hoy sólo llega a menos de la mitad de los parados, defender la gestión pública de la sanidad. Y especialmente, mejorar la calidad de la educación pública porque en esta materia se puede hablar con contundencia: no hay ninguna potencia económica conocida que no esté basada en un buen sistema educativo. Aquí, el objetivo debe ser superar la media europea en gasto público de enseñanza porque tenemos una desventaja histórica.

Por último, creemos que un objetivo central debe ser aproximar las rentas españolas a la media europea. Ello exigiría elevar los salarios en la negociación colectiva hasta aproximarlos a los niveles medios europeos, reformar el sistema fiscal (que actualmente conduce hacia el aumento de las desigualdades) para hacerlo más progresivo, luchar en favor de la armonización fiscal europea, elevar el salario mínimo. Coherentemente, una tendencia hacia la equiparación de las rentas con el conjunto de Europa debe comenzar por hacer lo mismo en nuestro país. En este sentido, consideramos fundamental e irrenunciable: un único sistema de Seguridad Social, un sistema fiscal estatal unificado y progresivo, un modelo de financiación autonómica basado en la solidaridad y un refuerzo de la cooperación entre las comunidades autónomas.

Estos objetivos forman parte de una campaña en favor de la Europa Social en el contexto de la moneda única en que está empeñado nuestro sindicato porque creemos que su logro nos permitirá decir al cabo de algunos años, con cierto grado de certeza, que el histórico acontecimiento de la adopción del euro como moneda común ha sido un éxito para la sociedad española. Es algo que deseamos fervientemente.