El Consell prevé cinco millones para recuperar el marjal, el 3% de lo que cifra el informe pericial

VIENE DE LA PÁGINA 1 A estos 1.000 millones de la primera valoración, hay que sumar más de 500 millones por las sanciones económicas contempladas en la ley por los daños, "muy graves", causados a las especies protegidas, entre las que se incluyen aves en peligro de extinción, como el águila pescadora, el aguilucho lagunero, el calamón común y la cerceta pardilla. Por último, el experto cifra en más de 150 millones de pesetas el coste que supondría eliminar aterrazamientos y restaurar la vegetación, un proceso largo que el informe cuantifica en más de 10 años. Es en este sentido, el de la restauración de las obras físicas auspiciadas por el alcalde de Pego, el independiente y ex regionalista Carlos Pascual, es en el que el PORN aprobado por el Consell se queda corto más corto, puesto que la mayor parte de los 1.094 millones se la llevará la compra de suelo de máxima protección a los propietarios, un gasto en el que se emplearán 1.000 millones de los fondos del Programa Life. De los restantes 94 millones, 25 serán para gastos de personal del parque. La redacción del plan rector de uso y gestión del parque se llevará otros 3,5 millones; las obras de acceso a la escuela y arreglo de caminos y sendas para itinerarios en el parque supondrán 10 millones; el proyecto de rehabilitación del Centro de Conservación e Información del parque se comerá otros 20 millones, y el estudio de alternativas de regulación hídrica de la cuenca que vierte al marjal otros 30. Así, de la partidas de inversión para los próximos cuatro años el plan de ordenación sólo menciona un capítulo que efectivamente: "Proyecto de rehabilitación del marjal: cinco millones". Es decir, apenas el 0,3% de toda la inversión y menos del 4% de los 150 millones que calcula el informe pericial que harían falta para recuperar el marjal. Cifra lógica si se tiene en cuenta que además de restaurar cauces y eliminar aterrazamientos hay que retirar las miles de toneladas de escombros vertidas para aterrar algunas zonas, como los caminos ensanchados en los últimos años. Este método, usado a gran escala, sirve para elevar tierras inundables y hacerlas cultivables. El informe pericial sirvió al fiscal para solicitar a la juez que impusiera una fianza de 750 millones de pesetas a los acusados. Y la juez finalmente fijó dicha cantidad en 650 millones al alcalde Carlos Pascual y al edil José Orihuel por los tres delitos imputados .