Sobre el pleno empleo del señor Zaplana
Tienen por costumbre los gobiernos, y sus máximos representantes, los presidentes, atribuirse como logros los crecimientos del empleo (también los empresarios) y achacar a otros (normalmente a los sindicatos, los costes laborales...) los descalabros del mercado de trabajo. El señor Zaplana es un ejemplo de este hecho. No deja lugar a dudas sobre los teóricos éxitos alcanzados por su gobierno, y se imputa, así como el que no quiere la cosa, la reducción del 40% del desempleo y del 30% de la siniestralidad laboral, incluso llega más lejos, e intenta apropiarse de la evolución de la contratación indefinida. Después, para finalizar, habla de la consecución del pleno empleo y de la igualdad de oportunidades como los grandes retos del futuro de su partido, el Partido Popular, y, obviamente, de su gobierno. Claro está que este tipo de discursos propagandísticos son sumamente fáciles de concebir, y aunque lo intenta Zaplana, son difíciles de demostrar al no tener en cuenta todas las realidades del mercado del trabajo. Pero veamos algunas realidades. La tasa de actividad valenciana ha descendido. Así, la población en edad de trabajar aumentó desde el cuarto trimestre de 1995 al cuarto trimestre de 1998 en 58.300 personas, y la población activa sólo aumentó en 5.200 personas. Es decir, durante el gobierno del señor Zaplana ha aumentado el volumen de inactivos en 53.100 personas que, por diferentes razones, están marginadas/os del mercado de trabajo (especialmente las mujeres), problema que también debe preocuparnos al conjunto de la sociedad y, preferentemente, a cualquier gobierno responsable. Por otro lado, no hay que olvidar que una parte importante del volumen de población inactiva está excluida del mercado de trabajo debido, en gran medida, a las dificultades para encontrar empleo. Así, el volumen de desempleados reales es ciertamente mucho mayor al que reflejan las estadísticas, por tanto, las políticas de empleo deben ir dirigidas a todos ellos. Pero, aún hay más datos llamativos. El Consell suele usar los datos del paro registrado (a éstos se refiere cuando se habla de una disminución del 40%), y no suele mirar los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), a pesar de ser ésta la estadística homologada en la Unión Europea. Pues bien, en diciembre de 1995, el paro registrado suponía el 71,2% del paro estimado, es decir, al menos 2,9 de cada 10 parados estimados no se encontraban registrados. En diciembre de 1998, el porcentaje baja hasta el 65,7%, es decir, al menos 3,4 de cada 10 parados no se encontraban registrados. Es cierto que la ocupación ha mejorado, más bien como consecuencia de una coyuntura exterior favorable que no viene determinada por el gobierno valenciano. Por su parte, el aumento de la estabilidad en el empleo se produce tras el Acuerdo Interconfederal por la Estabilidad en el Empleo (AIEE) entre los Sindicatos (CC OO y UGT) y la CEOE, en abril de 1997. Sin embargo, el empleo dependiente directamente de la Generalitat Valenciana sigue mostrando elevados índices de precariedad; así, la tasa de temporalidad del empleo público ha aumentado desde el segundo trimestre de 1997 al cuarto trimestre de 1998, pasando del 18,3% al 22,7% (la mujer presenta una tasa de temporalidad en el sector público del 30%, el doble de los hombres). Por ello, en el último acuerdo (Medidas de desarrollo del AVEF) se contempla una línea específica de actuación para la reducción del empleo temporal en la Administración autonómica. No es necesario reiterar a partir de los datos anteriores que esta línea debería desarrollarse con urgencia. Seguimos teniendo una tasa de desempleo muy por encima de la media de los países de la Unión Europea, al igual que la precariedad y eventualidad en el trabajo. No es momento de triunfalismos, debemos insistir, por tanto, en que el Gobierno valenciano aplique los compromisos del AVEF, desarrollando los nuevos planes para la generación de empleo a través, entre otros, de incentivos a la reducción y reordenación del tiempo de trabajo, las nuevas actuaciones en escuelas taller y casas de oficios, los talleres ocupacionales para mayores de 25 años... Respecto a salud laboral, ha habido, en contra de lo que intenta mostrar la Administración, un 16% de aumento en el número de accidentes de trabajo en el año 1998. Además, desde la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el índice de incidencia de los accidentes de trabajo ha pasado del 58,4 al 70,8, mientras en el Estado este índice crecía del 50,2 al 56,6; es decir, nuestra comunidad autónoma se sitúa en 14 puntos por encima de la media estatal. Por tanto, no entendemos a qué viene el optimismo mostrado por nuestro Gobierno en este dramático terreno. Por último, señala como objetivo (no sabemos en qué lugar) de este gobierno el pleno empleo, ya que sin empleo, dice Zaplana, se puede caer en la exclusión social. Debemos matizar que algunos tipos de empleo, sumamente precarios, también pueden provocar un aumento de los niveles de exclusión social, y algo de esto se observa en la sociedad valenciana. Por tanto, contra la exclusión se debe poner en marcha una política de empleo adecuada y, obviamente, una política de protección social suficiente. En cambio, la Administración ha estado debilitanto los servicios públicos, mediante su privatización y la individualización de la protección social. A nuestro modo de ver, si algo debe manifestar un gobierno es un compromiso inequívoco y público por objetivos evaluables de progreso social. Esto sólo se puede sustentar en un análisis tan objetivo como completo de los retos a afrontar, de las acciones a promover. De lo contrario, las trabajadoras y trabajadores acabamos sintiéndonos no sólo ignorados sino burlados y engañados.
Fernando Casado Carrasco es secretario de Acción Sindical y Empleo de CC OO del País Valenciano.
