El Ayuntamiento de Málaga recalifica para uso residencial 221.000 metros no fabriles de Intelhorce

Los terrenos no fabriles de la antigua factoría textil malagueña Intelhorce, unos 221.848 metros cuadrados, calificados de urbanos y en su gran mayoría de uso industrial, han sido recalificados para uso residencial. El Ayuntamiento de Málaga, en su último pleno, aprobó el borrador de convenio con la Comisión Liquidadora de la textil -integrada por Patrimonio del Estado, Hacienda y la Seguridad Social-, cumpliéndose así el compromiso municipal que permitió que estos organismos públicos levantaran los embargos que pesaban sobre la fábrica y se pudiera poner en marcha Hitemasa. El convenio fue aprobado en el que ha sido último pleno de la actual corporación y ahora tendrá que ser rubricado por las distintas partes. El acuerdo conlleva la cesión al municipio de la totalidad de las viviendas que componen el poblado de la factoría, siete bloques de pisos, así como varios inmuebles adosados conocidos como Casas de los Técnicos, y que habitan en la actualidad antiguos trabajadores de la fábrica. A cambio, el Ayuntamiento cede a la Comisión Liquidadora los derechos del 10% sobre el exceso de aprovechamiento que, según la Ley del Suelo, hubieran correspondido al consistorio. El cambio a uso residencial establece para los terrenos un techo edificable de 60.600 metros cuadrados, lo que, según distintas fuentes urbanísticas, permitiría la construcción en la zona de más de 500 viviendas. La Comisión Liquidadora, según se desprende del convenio firmado con el consistorio, tiene intención de vender los terrenos tras la recalificación e incluso hace constar en uno de los puntos "que podrá transferir a cualquier persona física y jurídica la propiedad o derechos del convenio", como forma de garantizarse que cualquier operación de enajenación posterior no tendrá inconvenientes legales. El Ayuntamiento de Málaga, que a través del convenio pasa a ser propietario de las viviendas de los antiguos trabajadores de Intelhorce, tendrá que decidir ahora el proceso para que los inmuebles pasen a titularidad de sus actuales inquilinos. El Ayuntamiento participó en las negociaciones con la Dirección General de Patrimonio del Estado para lograr que éstos accedieran a la propiedad a precios asequibles. Los vecinos, en varias ocasiones, protagonizaron encierros y movilizaciones para lograr la propiedad de estas casas. En esta reivindicación han contado siempre con el apoyo de todos los grupos políticos municipales. Al final será el Ayuntamiento quien se las venda.