Todos contra AENA
Las autonomías quieren controlar sus aeropuertos y consideran la posibilidad de llegar a privatizarlos
Lunes 10 de mayo. En la reunión prevista por Fomento de Turismo de Mallorca se debatirá un documento en cuyo borrador se lee: "El sector aeronáutico español ha mantenido hasta ayer mismo una defensa numantina de cuantos chollos, monopolios y privilegios pudieron consolidarse". La tesis central del documento, que será remitido al Gobierno balear, es que falla el sistema: AENA y la estructura de red de los aeropuertos españoles, resume el presidente de la entidad, Miquel Vicens Ferrer.Ya hace unos meses, Vicens Ferrer concluía una intervención en el III Congreso de Ingeniería del Transporte defendiendo la necesidad de una "descentralización de la gestión de los aeropuertos como unidades de negocio hasta su transferencia a las comunidades autónomas"
Un diagnóstico similar sobre AENA, el organismo que controla los aeropuertos españoles, es el que hace el economista Ignasi Ragàs en un texto de próxima aparición en la Revista Económica de Catalunya: "El modelo español de red gestionada por el organismo público AENA, pese a estar teóricamente basado en una lógica del equilibrio o la solidaridad territorial (para lo cual el Estado de las autonomías tiene otros mecanismo compensatorios), produce efectos contrapuestos a estos principios, ya que, más que un equilibrio, ha terminado por generar una fuerte concentración del tránsito aéreo español en un aeropuerto (Madrid). Al mismo tiempo, ha impedido que otros aeropuertos con un potencial contrastado, como es el caso de Barcelona, pudiesen desarrollar una estrategia comercial propia".
No están solos en sus críticas a AENA y en la petición de que el organismo se desmiembre. En las últimas semanas han puesto la entidad en la picota gentes tan dispares como los presidentes Jordi Pujol (Cataluña) y Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid), el ex alcalde Pasqual Maragall y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Antoni Negre. A sus críticas se añaden las del presidente de la patronal catalana, Juan Rosell.
El sistema ni siquiera cuenta con el apoyo de sus máximos responsables; así, el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Albert Vilalta han sugerido que el proyecto de privatización está al caer. Los únicos defensores del esquema han sido Cristina Almeida, Rafael Ribó y José Borrell.
Pero no todas las críticas son iguales, y tampoco las propuestas de privatización. Las que proceden del Gobierno sugieren una privatización vertical de servicios aeroportuarios (aparcamientos, telemática, carga), pero siempre en estructura de red. Arias-Salgado, en una breve referencia al proyecto, explicó que la idea es que AENA, como holding, salga a Bolsa y participe en algunas de las empresas que obtengan la concesión de los servicios. Los partidos nacionalistas defienden como primera providencia la transferencia a las comunidades autónomas. La gestión sería un segundo asunto en la discusión. La privatización se haría, en este caso, aeropuerto a aeropuerto. El alcalde de Barcelona sostiene que la presencia de las administraciones locales en la dirección de un aeropuerto es un elemento esencial para que éste funcione y el territorio se beneficie. Pasqual Maragall, más radical, ha sugerido la privatización pura, pero de cada aeropuerto. Los últimos coinciden con los empresarios en la propuesta de romper la estructura de red, en lo que discrepan del partido en el Gobierno. Lo primero es dotar a los aeropuertos de "autonomía de gestión", dice Xavier Roig, miembro de la Airport Regions Conference, organización que integra ciudades y regiones europeas con aeropuerto. "Y esa autonomía supone la posibilidad de acometer políticas propias de promoción de la actividad y de estrategia de inversiones. Este último asunto resulta crucial. Poca autonomía existiría si no hubiera capacidad de endeudamiento para efectuar las inversiones adecuadas o para negociar con las compañías el establecimiento de nuevas líneas de pasajeros o carga". Las administraciones, añade Maragall, deberían mantener "una minoría de bloqueo sobre las decisiones para definir la estrategia".
