Una gamberrada
JAVIER PÉREZ ROYOLa iniciativa del grupo popular en el Parlamento de Andalucía de registrar 1.100 preguntas escritas, a fin de que sean contestadas por el Gobierno en el plazo de veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, no tiene precedente ni en el Congreso de los Diputados o el Senado, ni en cualquiera de los Parlamentos de las distintas comunidades autónomas. La decisión constituye una auténtico fraude de ley, con la que se desnaturaliza por completo la función que tiene la pregunta en todo sistema parlamentario. La pregunta es uno de los instrumentos de los que disponen los partidos en general y los de la oposición en particular, para que el Gobierno tenga que dar razón de las medidas en las que se concreta en los diversos campos su tarea de dirección política del Estado o de la comunidad autónoma. Es una institución que está pensada para que se haga uso de ella de manera continuada e ininterrumpida, de forma que los ciudadanos puedan ir obteniendo información puntual de las razones que están detrás de la acción de gobierno, o mejor dicho, de las acciones del gobierno. Justamente por eso, los reglamentos parlamentarios establecen que el plazo del que dispone el Gobierno para responder sea muy breve. El flujo de preguntas y respuestas parlamentarias tiene que ser permanente a lo largo de la legislatura, de tal manera que los ciudadanos vayan obteniendo información en tiempo real sobre el porqué y el cómo de la acción de Gobierno. Obviamente el reglamento parlamentario no establece ningún límite al número de preguntas que pueden ser registradas simultáneamente por un grupo parlamentario. El reglamento da por supuesta la buena fe de los diferentes grupos parlamentarios y que no se va a hacer un uso abusivo y fraudulento de sus normas. Y en consecuencia, no ha contemplado una iniciativa como la que acaba de protagonizar el PP, que, además de inútil, es sencillamente de cumplimiento imposible. No sé quién habrá asesorado al PP en esta iniciativa, pero le ha hecho un flaco favor. El comportamiento del PP es más propio del de un partido extraparlamentario, de una fuerza antisistema, que de un partido con vocación de gobierno. El PP no debería olvidar cuál fue la respuesta de ciudadanos andaluces en las elecciones autonómicas de 1996 a su pretensión junto con IU de "gobernar desde el Parlamento". Aquel disparate condujo a lo contrario de lo que el PP pensaba que iba a conducir. Y con esta iniciativa va a ocurrir exactamente lo mismo. Los ciudadanos no son tontos y saben distinguir lo que es una iniciativa de control de gobierno y lo que es una gamberrada, que no persigue otra cosa que colapsar la administración y enturbiar el debate. ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie que un fraude de ley no puede ser la tarjeta de presentación de un partido que pretende ser alternativa de gobierno?
