Tocino niega que la reforma de la ley de aguas aprobada ayer pretenda liberalizar su comercio

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer, dos semanas después de lo previsto, la anunciada reforma de la Ley de Aguas, uno de los puntos estrella del programa del PP. Poco antes de desplazarse para participar en un mitin en la provincia de Badajoz, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, explicó a la prensa en La Moncloa los fundamentos de un proyecto que en su opinión no pretende privatizar el agua, sino facilitar mecanismos que permitan aprovecharla mejor allí donde más escasea.Para anticiparse a otras opiniones que ven en esta reforma el camino abierto al mercado del agua, la ministra insistió en que la legalización de la compraventa libre de derechos de uso está sometida a suficientes requisitos como para que eso pueda ocurrir.

La ministra dijo que, desde 1985, cuando se aprobó la ley que ahora se reforma, el consumo había experimentado un crecimiento desmesurado. Las modificaciones introducidas en esa norma, sin haber logrado un consenso con el PSOE, pretenden, según la ministra, aplicar criterios de economía al uso de este recurso tan escaso y poner a disposición de los usuarios nuevas tecnologías como la desalación y la reutilización de aguas residuales.

La clave de la reforma está en la liberalización de la compraventa de derechos, con la obligación de registrar el contrato en los órganos de gestión de la cuenca fluvial. Si al cabo de dos meses como máximo la autoridad no dice nada en contra, el contrato se da por válido. La ministra insistió en enumerar varias cautelas para garantizar que no se especulará con el agua. Los usuarios que no consumen propiamente agua, como las hidroeléctricas, no podrán vender sus derechos; los órganos de cuenca podrán ejercer el derecho preferente a "comprar" agua para cederla a un precio público a los usuarios que la necesiten (bancos públicos de agua), y sólo se podrán utilizar canalizaciones entre distintas cuencas fluviales si así lo indica el Plan Hidrológico Nacional.

Para favorecer el uso eficiente se implantará un canon con un coeficiente corrector a la baja entre aquellos usuarios que consuman cantidades inferiores a unos volúmenes máximos de referencia en cada zona.

Todas las organizaciones agrarias (COAG, UPA), salvo ASAJA, critican la reforma porque implica poner un precio a un bien público. "Intentaremos abortar una ley envenenada porque pone en marcha la privatización del agua", ha dicho José Manuel de las Heras de COAG. Para Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, se trata de un atraso social que pone en peligro los caudales ecológicos y favorecerá a los concesionarios poderosos.

El portavoz de Agricultura del PSOE, Francisco Amarillo asegura que esta liberalización disparará los precios del agua porque quien tenga derechos no los cederá como si fuera una ONG.