Los transportes impiden un acuerdo global sobre los servicios mínimos para la huelga general del día 21

El Gobierno firmará el próximo lunes el decreto de servicios mínimos que se aplicarán en el paro general convocado para el próximo día 21 sin alcanzar un consenso con los sindicatos. El principal obstáculo radica en la regulación del sector de los transportes públicos, cuya paralización es fundamental para el éxito de cualquier huelga. El Departamento de Trabajo quiere garantizar el servicio al cien por cien en las cuatro horas punta de la jornada. Sin embargo, las centrales creen que el transporte de viajeros no debe estar sujeto a los servicios mínimos, porque no es "esencial para la vida".

Las centrales pidieron al Gobierno durante la reunión que mantuvieron ayer que no estableciera ningún servicio mínimo en transportes, por considerar que el día 21 el derecho a la huelga -convocada en demanda de la semana laboral de 35 horas- se antepone al derecho al trabajo. La idea del Departamento de Transportes era que funcionara al menos un 25% de los servicios. Por el contrario, los sindicatos subrayaron que los servicios mínimos deben circunscribirse al ámbito sanitario y a la seguridad, y que fijar un porcentaje en el transporte es una especie de "trampa", porque el Gobierno puede jugar como quiera para tenerlo garantizado en las horas de mayor afluencia. Al final, el Departamento de Trabajo propuso que se respetara el funcionamiento habitual del metro, de los autobuses urbanos y de otro tipo de transportes de corto recorrido entre las cinco y las seis de la mañana, ocho y nueve de la mañana, una y las dos de la tarde y entre las cinco y las seis de la tarde. Las centrales rechazaron la propuesta. El representante de ELA, Germán Kortabarria, advirtió al Ejecutivo de que "pasarse en el establecimiento de servicios mínimos puede tener malas consecuencias". Desde UGT, Javier Bermejo apuntó que la huelga "no está dirigida sólo a los empresarios, sino al propio Gobierno" y que, por lo tanto, "no puede implantar un servicio mínimo de manera unilateral, ya que como parte afectada intenta restringir el derecho a la huelga de los trabajadores". En este sentido, las centrales recordaron que cuando se recurren los decretos de servicios mínimos ante los juzgados, los tribunales terminan dándoles la razón, pero cuando ya no hay tiempo de rectificar. Desde Comisiones Obreras, su portavoz Federico García resaltó la "imposibilidad" de cerrar un acuerdo con el Departamento de Trabajo. "La actitud de la Administración en la reunión ha sido parecida a la de siempre: decretar como servicios esenciales aspectos que no tienen esa consideración". LAB subrayó que en una huelga general hay "muy pocas cosas" que no pueden esperar 24 horas. "Hay que garantizar el derecho a la vida, la seguridad y salud de las personas,, y todo lo que sea salirse de ahí es incidir directamente contra la huelga", señaló el dirigente de LAB, Jesús María Ariznabarreta. Frente a estas consideraciones, Jon Bilbao, de la patronal Confebask, argumentó que el rechazo de los sindicatos a regular el transporte busca "sumar a la huelga a aquellos ciudadanos que no quieren hacerla, pero que no van a tener medio para acudir a su puesto de trabajo". Además de los transportes, sobre la mesa quedó otro sector para que el Gobierno reconsidere su postura original sobre él antes de aprobar el decreto: la educación. La discusión se planteó en los términos de si es necesario preservar la apertura de los colegios y, por lo tanto, la seguridad de los niños, aunque los maestros se sumen a la huelga convocada por los sindicatos.