El agua tiene un precio

PARTIENDO DEL hecho de que el agua es un bien natural escaso y de que en España, además, está irregularmente repartida, hay que celebrar cualquier iniciativa normativa que pretenda racionalizar su uso. Ése es el objetivo del proyecto de reforma de la Ley de Aguas de 1985 que el Gobierno ha remitido al Congreso, previo acuerdo con sus socios nacionalistas y que contará previsiblemente con la oposición del Grupo Parlamentario Socialista en el debate parlamentario.La medida más llamativa, al tiempo que controvertida, es el establecimiento de un mercado regulado del agua que permita la venta temporal de los derechos concesionales entre unos usuarios y otros. Si este mercado entre particulares sirve para que los consumidores tomen conciencia de que este bien público no es totalmente gratuito, sino que tiene un valor económico que hay que costear, se habrá dado un paso importante para acabar con su despilfarro. Cada vez resulta más insostenible que España sea uno de los países del mundo que gastan más agua por habitante. Acabar con el despilfarro constituye un legítimo y deseable objetivo político, aunque habrá que estar vigilantes para que los avispados de siempre no hagan negocio a su amparo.

Pero junto al despilfarro -fruto de la creencia errónea de que su bajo precio, casi su gratuidad, equivale a la sobreabundancia- existe el peso de los usos tradicionales del agua, que a veces dificultan su utilización en los sectores punteros y más rentables de la economía. Si ese mercado regulado sirve también para agilizar esa transferencia, sobre todo en épocas de sequía, se habrá puesto fin a una de las deficiencias más graves de la gestión del agua en España.

El proyecto de reforma apunta otros detalles y recoge muchas de las inquietudes medioambientales asumidas hoy por la sociedad -se amplía el régimende control de los vertidos contaminantes-, pero debería reforzar más los órganos de gestión y vigilancia del consumo para no abrir un portillo por el que puedan colarse los especuladores siempre al acecho. Son aspectos que merecen debatirse a fondo en el Parlamento. El agua va a ser, si no lo es ya, uno de los problemas más graves de España a corto plazo. Su regulación exige un amplio acuerdo entre los partidos y también entre las diversas comunidades.