La Diputación alavesa concedió en 1997 ayudas sin justificar por 700 millones

Un informe del Tribunal Vasco de Cuentas revela que la Diputación de Álava cometió en 1997 diversas anomalías en materia de contratación y de subvenciones. Las irregularidades se refieren a ayudas concedidas sin justificar, destinadas a la conservación de carreteras, subvenciones a empresas y gastos informáticos. En total, ascienden a 700 millones de pesetas. El examen fiscalizador concede, no obstante, una buena nota a la actividad financiera de la institución foral en aquel año.

Entre los aspectos positivos, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas destaca el aumento de los ingresos y el superávit en el presupuesto. "La principal razón para ello", concluye el informe del tribunal, "han sido las nuevas competencias asumidas al ampliarse el Concierto en materia de impuestos especiales y la mejora en la recaudación de los impuestos gestionados tradicionalmente por la Diputación". En concreto, los ingresos aumentaron en unos 33.000 millones de pesetas con respecto al año anterior. El endeudamiento se estancó en 7.500 millones. La Diputación presentó un superávit de 2.601 millones. Aquel remanente se destinó el año pasado a, entre otras cuestiones, reformar el pabellón Araba (600 millones), Obras Públicas (otros 600), Agricultura (150) y el parque tecnológico de Álava (152). Ese año, la Diputación tuvo un gobierno tripartito (PNV, EA y PSE) hasta agosto, en que los socialistas salieron de las principales instituciones alavesas. El Tribunal de Cuentas, órgano dependiente del Parlamento vasco con capacidad fiscalizadora, pero no sancionadora, cree que en términos generales la Diputación cumplió hace dos años "razonablemente la normativa legal" en materia económico-financiera. Pero el informe, hecho público ayer, critica también algunas irregularidades en ciertas contrataciones, relacionadas con la exigencia de publicidad, concurrencia y plazos tanto en la propia Diputación como en sus organismos autónomos y sociedades públicas. El tribunal critica que en ningún contrato tramitado por el procedimiento de urgencia -por un valor conjunto de 1.622 millones- estaba justificada tal urgencia. También deplora que un técnico adjudicase directamente ciertos contratos, sin que la mesa de contratación recibiera las ofertas. En materia de subvenciones, se produce una desviación de 700 millones. Existe un caso llamativo en el que la empresa Álava Agencia de Desarrollo (sociedad pública participada al cien por cien por la Diputación) concedió ayudas por 333 millones a proyectos empresariales sin publicidad ni concurrencia. Lo mismo ocurre en gastos de programación del Centro de Cálculo (sociedad foral al cien por cien), por valor de 133 millones. Asimismo, en la conservación de carreteras, figuran 191 millones pagados sin la existencia de contratos que fijen los precios pactados. El informe también se refiere al incumplimiento por parte de la Diputación de la congelación salarial de los funcionarios impuesta por el Estado aquel año, cuestión pendiente de resolución judicial. La norma foral permitió un aumento del 1% en los salarios, más 20.000 pesetas lineales.