El Tribunal de Cuentas acuerda investigar los nueve años de Gil en Marbella

El Tribunal de Cuentas del Estado ha aprobado una fiscalización especial del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) desde que lo gobierna Jesús Gil. El acuerdo se adoptó en un pleno celebrado el 28 de abril y supone una investigación contable desde 1990 hasta 1999. Al efecto, un equipo de técnicos y auditores se trasladará en las próximas dos semanas a esa ciudad para iniciar el trabajo de campo.El pleno del mencionado tribunal lo integran siete consejeros de fiscalización, cuatro de enjuiciamiento, un fiscal y el presidente de la institución, Ubaldo Nieto. La decisión adoptada ha supuesto la modificación del programa de fiscalización de 1999, aprobado anteriormente, y responde a un mandato del Parlamento, que lo acordó por unanimidad.

La Cámara de Cuentas andaluza ya ha fiscalizado las cuentas de Gil desde 1990 hasta 1993. El resultado de su trabajo se remitió al fiscal jefe del Tribunal Superior de la comunidad (TSJA) al apreciarse indicios de delito por una presunta apropiación indebida. La corporación marbellí debía 1.118 millones de pesetas a la Seguridad Social en 1993. El incremento de su deuda se disparó en ese periodo hasta alcanzar los 25.000 millones. La oposición socialista sospecha que hoy supera los 100.000 millones. Ahora el Tribunal de Cuentas estatal ha tomado el relevo y va a fiscalizar el periodo comprendido entre 1990 y 1999 centrándose en el tramo de 1994 a 1999, pues los tres primeros años ya han sido auditados por el andaluz.

29 sociedades municipales

Además de las cuentas del Ayuntamiento, los técnicos examinarán con lupa los balances de las 29 sociedades municipales creadas por Gil al margen de la corporación. Se trata de unas empresas que mueven miles de millones de pesetas y cuyas cuentas jamás han sido fiscalizadas por los órganos de control ante las trabas puestas por el alcalde y su equipo.La fiscalización especial a la que va a ser sometido el municipio que preside Gil durará más de un año. En la misma participarán una docena de expertos en contabilidad dependientes del área de Corporaciones Locales, cuyo responsable es el consejero Andrés Fernández Díaz.

Fuentes próximas al tribunal temen que su trabajo pueda verse limitado por la escasa colaboración del Ayuntamiento, un problema que ya padecieron los técnicos de la Cámara de Cuentas andaluza, según ha denunciado Rafael Navas, su consejero mayor.

Gil se ha negado en varias ocasiones a que fueran fiscalizadas sus sociedades municipales. Su negativa llevó a la Cámara regional a denunciarle en noviembre pasado ante el TSJA para que actuara contra él y contra los responsables de la empresa Contratas 2.000 por un presunto delito de desobediencia. Esta firma es la que mueve más recursos del Ayuntamiento, que le transfirió 12.421 millones entre 1992 y 1995. Según sus estatutos, gestiona contratos de servicios y proveedores.

En la actualidad, el Tribunal de Cuentas del Estado lleva a cabo un centenar de fiscalizaciones especiales de organismos, ayuntamientos y corporaciones de toda España. La fiscalización especial se desarrolla cuando las corporaciones no rinden sus cuentas o cuando se descubren irregularidades en los libros de contabilidad que presentan.