El Gobierno central y el vasco defienden ante la UE la "diferencia" fiscal

El surrealismo político español estuvo ayer presente en el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. Las continuas disputas fiscales ante los tribunales españoles entre la Administración central y las administraciones vascas se convirtieron en una ardorosa defensa del sistema constitucional español y, por ende, de los cinco regímenes fiscales españoles, los de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, el de Navarra y el del Estado. La réplica a la unidad española la dio la Comisión Europea, que defendió que son ayudas de Estado y atentan contra el artículo 92.1 del Tratado CE.

Estos incentivos fueron recurridos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por el Estado y en el curso del proceso, en 1997, dieron pie a que se planteara una cuestión prejudicial (una pregunta) sobre la interpretación de dos artículos del Tratado CE ante el Tribunal de Luxemburgo.La extraña situación quedó ayer puesta de manifiesto cuando el abogado general, Antonio Saggio, se preguntó por qué había que dar una interpretación del Tratado respecto a unas normas que ya estaban derogadas, sobre las que no existe discrepancia entre las partes en conflicto en el proceso principal y que además en 1994 se corrigieran conforme a los criterios de la Comisión.

Saggio insinuó la conveniencia de que se declare inadmisible la cuestión prejudicial, argumento que la defienden las administraciones vascas y la del Estado. Saggio presentará sus conclusiones al tribunal antes del 30 de junio. La sentencia se producirá en los meses siguientes y se espera que antes de final de año.

Las tres partes en el proceso (Comisión, Estado y administraciones vascas) se mostraron ayer de acuerdo en que la aprobación de la disposición adicional octava de la Ley de Presupuestos de 1994, que establecía que la Hacienda del Estado devolvería a las empresas no residentes en España que desarrollen sus actividades en Euskadi las cantidades en las que se vieran perjudicadas, lo que permitió subsanar la posible incompatibilidad con el artículo 52 del Tratado CE. Las administraciones central y vasca recordaron que nadie hizo uso de esta prerrogativa.

Dado el acuerdo sobre el artículo 52, el debate de ayer se centró sobre la aplicación o no del artículo 92.1 del Tratado CE y sobre si las tres normas forales que establecían medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso a la actividad económica tenían el carácter de ayudas de Estado.

La defensa, tanto del Reino de España como de las diputaciones forales vascas y el Gobierno vasco, pasó por indicar en primer lugar que el tribunal no puede aplicar este artículo porque no tiene efecto directo y su aplicación corresponde en exclusiva a la Comisión, que no se ha pronunciado en este caso. El representante de las haciendas forales acusó a la Comisión de buscar con su interpretación una armonización fiscal europea de forma encubierta.

Ayudas del Estado

Este argumento fue refutado por el representante de la Comisión, quien aseguró que las normas recogen ayudas de Estado de carácter regional, y basó su posición en que cumplen los cuatro criterios establecidos por la Comisión: dictadas por una autoridad pública, que suponga una pérdida de ingresos públicos, que distorsionen la competencia y que tengan un carácter selectivo, es decir, que favorezca a unos frente a la generalidad. Las administraciones central y vasca discreparon en este último aspecto y señalaron que las normas tienen carácter general y proceden de una competencia propia fruto del régimen constitucional español.El respresentante de la Comisión señaló que es necesario ponerse en la situación del competidor para evaluar los efectos de la norma y que resulta indiferente quién la dicta o con qué competencias. Si éstas son sólo para una región de un Estado, son ayudas.

El representante de la Comisión Europea defendió el carácter uniforme en la aplicación del derecho comunitario y dijo que en este caso las normas eran discrecionales.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, valoró ayer en Vitoria la defensa del Concierto Económico realizada por el abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, calificó de "kafkiana" la situación creada: "El Gobierno central defiende la fiscalidad vasca ante la UE cuando no hace más que plantear recursos contra el Concierto a nivel interno", recordó.