El Gobierno y el ministerio zanjan el conflicto del plus a la plantilla judicial

El Gobierno vasco y el central han resuelto de una vez el conflicto por el complemento retributivo establecido por el primero para los funcionarios judiciales. Un real decreto sobre retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de abril permite a las seis comunidades con el personal de justicia transferido otorgar un plus de productividad. El decreto da cobertura al complemento que el Ejecutivo vasco estableció en octubre.

El Departamento de Justicia aprobará su decreto en cuanto la disposición del Consejo de Ministros se publique en el Boletín Oficial del Estado. El consejero, Sabin Intxaurraga, ya echó mano de este mismo plus a finales del año pasado para zanjar temporalmente la crisis judicial abierta a mediados de 1998 con el ministerio que dirige Margarita Mariscal de Gante. Intxaurraga y su equipo dieron por echo que contaban con el visto bueno ministerial, ya que los representantes del Gobierno central habían informado favorablemente en reuniones previas. Sin embargo, el ministerio planteó el 3 de marzo ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias, por entender que el Gobierno vasco no es competente para fijar ese tipo de plus. La tesis que sostiene es que los funcionarios judiciales (agentes, oficiales, auxiliares y médicos forenses) forman parte de un cuerpo nacional y, por lo tanto, las retribuciones correrán a cargo de las comunidades que tengan transferencias en esos ámbitos, pero el cómo ha de pagarse no está a disposición de cada Gobierno regional. Tiene que haber homogeneidad. No puede haber diferencias, por ejemplo, entre lo que gana un funcionario en Málaga y otro en Guipúzcoa. Así, el Gobierno central ha optado por retirar el recurso interpuesto ante el Constitucional. Ahora, las retribuciones complementarias por productividad van a tener cierta autonomía. El pago de este plus no será el mismo en las seis comunidades (Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Canarias y Andalucía), sino que estará en función de los medios materiales de funcionamiento que cada una de ellas ponga al servicio de la Administración de Justicia (informática, telemática) y en lo que con esos medios haga cada trabajador. El viceconsejero de Justicia, Abel Muniategi, recalcó a este periódico la idea de que el real decreto supone poner paz en la pugna que mantenían ambas administraciones. "Se ha llegado a una solución satisfactoria para ambas partes. A partir de ahora, con el ministerio no debería haber falta de entendimiento. Pero mientras se llegue a la equiparación total de los funcionarios de Justicia con el resto de los trabajadores de la Administración vasca pueden darse fricciones de otra índole con los agentes sociales", dijo.