Un cuerpo nacional y unitario

El real decreto aprobado por el Gobierno central sólo valida la solución provisional que articuló el Departamento de Justicia en octubre. Con el parche del plus, Sabin Intxaurraga pretendía evitar temporalmente las consecuencias derivadas de otro recurso de inconstitucionalidad planteado por el ministerio, de más largo alcance y que durante meses envolvió a ambos gobiernos en una intensa polémica. El 30 de julio de 1997, el entonces consejero de Justicia, el socialista Ramón Jáuregui, y los sindicatos firmaron un acuerdo sobre la modernización del servicio de la Justicia, que incluía, entre otras medidas, la equiparación salarial de los 1.700 funcionarios judiciales en el País Vasco con los del resto de la Administración autonómica. El acuerdo, que se materializó el 31 de marzo de 1998, puso fin a una huelga que se había prolongado durante varios meses. El Gobierno central solicitó al Tribunal Constitucional su suspensión el 12 de agosto de 1998. Una cuestión de gran calado político está en el origen de esa suspensión: la consideración de los funcionarios como parte de un cuerpo nacional. El ministerio entiende que la Administración de Justicia es unitaria en todo el Estado. Lo único que ha transferido a varias comunidades son las infraestructuras y el personal al servicio de la Justicia, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que este personal integra un cuerpo nacional unitario para todo el Estado. Así, el Gobierno central puede permitir diferencias retributivas. Hasta que se resuelva este recurso, el Departamento de Justicia seguirá reivindicando la validez del acuerdo suscrito con las centrales en 1997. Considera que el actual marco competencial le confiere capacidad para fijar sus normas de funcionamiento.