Detenido el prefecto de Córcega por su supuesta relación con la "guerra sucia"
El prefecto Bernard Bonnet, máximo representante del Estado francés en Córcega, la mano de hierro republicana encargada de restablecer la ley y la justicia en la isla, se encontraba anoche detenido en la Prefectura de Ajaccio como sospechoso de haber ordenado el atentado que en la madrugada del 20 de abril último redujo a cenizas el restaurante Chez Francis. El cuidadoso matiz establecido días atrás ante la Asamblea por el primer ministro francés, Lionel Jospin -"ese es un asunto del Estado, no un asunto de Estado"- quedó así reducido a un ejercicio dialéctico inútil.
A medianoche, Jospin propuso al presidente de la República, Jacques Chirac, la destitución del prefecto. Venga o no acompañada del procesamiento, sea cual sea el desenlace judicial, la detención de Bonnet echa por tierra la política antiterrorista en Córcega y sitúa al ministro de Interior, Jean-Pierre Chevènement, y al propio jefe de Gobierno en el centro mismo de la tormenta política. Políticos y abogados corsos expresaban ayer abiertamente la sospecha de que el atentado contra Chez Francis no ha sido el único perpetrado por los gendarmes de los denominados Grupos de Pelotones de Seguridad (PGS) creados por Bonnet. Después de haber soslayado con habilidad los numerosos escollos surgidos en el ejercicio del poder, el equipo Jospin parece haber encallado ante el caso corso arrastrado por la impetuosa ola de exigencia autoritaria levantada con el asesinato del anterior prefecto, Claude Erignac. El espectáculo de un prefecto campeón del Estado de derecho detenido por complicidad con el grupo de gendarmes de élite que practicaba ocasionalmente el terrorismo de la capucha y la bomba, resulta demasiado fuerte como para que el asunto no tenga mayores consecuencias en el plano político. El ridículo hecho por estos especialistas que se retiraron con un hombre herido abandonando todo tipo de evidencias sobre su autoría actúa en este caso como un agravante añadido. Y eso, pese al cansancio y el hastío que la violencia terrorista y mafiosa corsa de la bomba diaria suscita en la opinión pública francesa.En todo caso, el juez de instrucción Patrice Camberou y el fiscal de la República Jacques Dallest que interrogaban anoche a Bonnet y al director de su gabinete, Gérard Pardini, también detenido, no parecen dispuestos a imponerse límites a la hora de buscar a los máximos responsables y establecer los móviles del incendio. La detención del máximo representante del Estado en Córcega estuvo precedida ayer tarde por las confesiones de los tres miembros del comando de gendarmes autores del atentado. Aunque el detonante fue el testimonio autoinculpatorio del capitán Norbert Ambrosse, víctima accidental, del incendio desencadenado por él mismo, la ley del silencio se había quebrado ya en las escalas inferiores de mando.
Confesión aclaratoria
Ambrosse se derrumbó estrepitosamente después de tres horas de interrogatorio policial. Además de admitir que fue él quien incendió materialmente Chez Francis, uno de tantos restaurantes construidos sobre las playas de la isla y condenados a ser derruidos, Ambrosse, comandante de los GPS, dijo también al juez que si participó en ese atentado no lo hizo por capricho personal, sino siguiendo la órdenes de su superior, el coronel Henri Mazères, jefe máximo de los gendarmes de la isla. Aunque la implicación del capitán Ambrosse en los hechos parecía evidente a la vista de las graves quemaduras que muestra en el rostro, las manos y las piernas, su confesión ante el juez desencadenó unos acontecimientos que se desarrollaron a la velocidad del fulminante.Los otros dos agentes que presuntamente participaron en el atentado que pretendían endosar a los terroristas corsos del FNLC-canal histórico reconocieron igualmente los hechos y afirmaron haber actuado siguiendo órdenes. Antes el diario Le Monde había desvelado que la esposa de uno de los implicados, el adjunto Eric Moulié, no estaba dispuesta a morderse la lengua mientras su marido se jugaba su carrera y su libertad sosteniendo la tesis, calificada por el fiscal de imposible, según la cual la patrulla había sido víctima de una emboscada. De acuerdo con el vespertino francés, la esposa del adjunto Moulié ha dado cuenta a los investigadores judiciales de que su marido no ocultaba su disgusto por tener que participar en una acción semejante. El informe fiscal establece, por otra parte, que conocido el fiasco de la operación, el coronel Henri Mazères ordenó a otras patrullas del GPS que trataran de recuperar el walkie talkie, la capucha ensangrentada de Ambrosse y los bidones de gasolina abandonados sobre el terreno.
