La empresa pública Adigsa otorgó contratos "blindados" a dos directivos

Dos directivos de la empresa pública Adigsa, que depende de Bienestar Social, disponen de contratos con cláusulas de blindaje según las cuales la empresa les seguirá contratando durante dos años más a partir de su cese. Fuentes de la empresa pública negaron la existencia de este blindaje. "La cláusula es consecuencia de un acuerdo que no contradice el decreto que regula la relación laboral del personal de alta dirección", manifestó Albert Boada, jefe del gabinete del consejero Antoni Comas.

Adigsa es una empresa pública que depende del Instituto Catalán del Suelo y que está adscrita al Departamento de Bienestar Social. Tanto el anterior gerente de Adigsa, Ferran Llovet, como el actual, Jordi Huguet, establecieron sus contratos de alta dirección con unas cláusulas que respetaban su anterior condición de funcionarios de rango inferior y preveía la posibilidad de volver a esta relación laboral una vez extinguido el contrato. Los contratos establecen "expresamente que no corresponderá [a Adigsa] prescindir de sus servicios en un termino mínimo de dos años a excepción que sea aceptado por voluntad expresa del contratado o por despido disciplinario". Curiosamente, en el contrato de Ferran Llovet establecía que la naturaleza del mismo sería indefinida. Este contrato, que era de 1996, ya fue moderado en el caso de Huguet, cuyo contrato es de julio de 1998 y en el que se establece que la duración del mismo se fija en cuatro años. Los contratos fueron suscritos en nombre de Adigsa por su consejero delegado, Josep Maria Violant. Ésta es una práctica completamente distinta a la que se viene aplicando a los funcionarios de alta dirección de la Generalitat, cuyos contratos suelen incluir una cláusula que liga su destino al del responsable del departamento y que nunca tienen carácter indefinido. Equipo del consejero Los expertos consultados explican que la propia esencia de dirección impone en la práctica contractual una mínima flexibilidad que es la que permite al consejero nombrar a su nuevo equipo. Se da la circunstancia de que Ferran Llovet, anterior gerente de Adigsa, después de anunciar al Consejo de Administración su voluntad de renunciar al cargo por haber recibido una oferta de la empresa privada, pidió una indemnización a Adigsa, a pesar de que no le correspondía según esta empresa. "De una forma totalmente dolosa", según Adigsa, firmó como recibida una carta de despido el 29 de julio de 1998. Siempre según Adigsa, Llovet presentó demanda por despido improcedente y se acordó indemnizarle con 9,9 millones de pesetas (45 días por año trabajado). "En términos absolutamente ilegales, nulos e injustificables", según un escrito del actual gerente, Jordi Huguet. Este mismo escrito sirvió para que Adigsa conminase a Llovet a devolver, en 72 horas, el dinero de la indemnización. El 5 de octubre de 1998, Llovet reintegraba mediante un cheque los cerca de 10 millones de pesetas con los que se había autoindemnizado. Ferran Llovet dispuso de esta cantidad de dinero público durante más de dos meses.