Violentos choques en Managua en el tercer día de huelga del transporte

La grave crisis social y política que vive Nicaragua ha provocado la existencia de dos Managuas. Una de día y otra de noche. En la primera, la policía y el Ejército controlan las calles desde el pasado jueves y vigilan las principales infraestructuras de la ciudad. Unos 5.000 soldados son destinados a este efecto. Por la noche, los manifestantes y las pandillas juveniles son los dueños de las calles. Los morteros caseros ponen el sonido a la imagen de las barricadas levantadas con adoquines -los mismos que fabricó e instaló en los años setenta el dictador Anastasio Somoza-, las ruedas ardiendo y las llamas provocadas por los cócteles mólotov. Ayer se vivía el tercer día de la huelga del transporte y Gobierno y oposición transformaban el conflicto social y laboral en una pugna política."El presidente

[Arnoldo Alemán] ha impuesto un estado de sitio", decía indignado el secretario general del Frente Sandinista y ex presidente, Daniel Ortega. A su favor, las denuncias de los transportistas de que en la noche del viernes se produjeron más de 20 detenciones ilegales de líderes sindicales y sandinistas. La policía, hasta el momento, reconoce que detuvo a 23 personas el viernes tras un duro enfrentamiento entre manifestantes y agentes. En respuesta a las acusaciones de Ortega -quien dejó claro "que no se va a negociar bajo amenazas"-, el presidente Alemán y otros dirigentes del Gobierno han denunciado "la existencia de un plan desestabilizador activado intensamente a inicios de este año" por algunos políticos poco patrióticos. La referencia sin nombre tiene un destinatario: el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Bayardo Arce, diputado sandista, negó ayer que su partido esté detrás de la violencia que sacude Managua desde el inicio de la semana. Eso sí, Arce confirmó que el FSLN busca mecanismos legales para destituir a Arnoldo Alemán.

Las cooperativas de transporte exigen la reducción del precio del combustible de las actuales 224 pesetas por galón (3,8 litros) a las 148. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que no puede bajar del tope de las 189 pesetas. La última huelga nacional de los transportistas, en 1995, acabó con tres muertes (un policía y dos cooperativistas).