La CRUE propone un cambio del decreto de la selectividad que permita aplazar su entrada en vigor

El real de decreto de la selectividad, que está previsto se apruebe hoy en el Consejo de Ministros, contempla una disposición final que recoge que aquellas universidades o comunidades autónomas que entiendan que ya no hay tiempo para ponerla en marcha la puedan posponer hasta el curso 2000-2001. El cambio se produce tras los contactos mantenidos ayer entre el Ministerio de Educación (MEC) y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), durante la asamblea general celebrada en el colegio mayor Joan Lluís Vives con motivo del quinto centenario de la Universidad de Valencia.

"La CRUE entiende que por las fechas en que se produce este decreto, en determinados puntos crearía enormes dificultades su puesta en marcha para el curso 1999-2000", precisó anoche el presidente de la conferencia de rectores, Saturnino de la Plaza. De la Plaza adelantó que "por lo que tenemos entendido, tendrá una disposición final que recoja que, en aquellos puntos del decreto que las universidades o las comunidades autónomas entiendan que no hay tiempo, se posponga para el curso 2000-2001". El presidente de la CRUE precisó, sin embargo, que lo que entrará en vigor en la selectividad del próximo mes de junio es la posibilidad de que los estudiantes que lo deseen puedan presentarse otra vez en septiembre o más veces para subir nota y obtener plaza para el curso siguiente. Lo que se pospone, añadió, es sobre todo el tema de los cupos específicos (el número de plazas disponibles para cada centro de titulados, extranjeros, minusválidos, deportistas de élite) y aquellos puntos referidos a la posibilidad de distritos interactivos entre varias comunidades autónomas. La CRUE declinó ayer hacer valoraciones sobre los primeros cien días desde la llegada de Mariano Rajoy al Ministerio de Educación, cuya acogida inicial fue bien recibida por las universidades dado el nuevo impulso que ha tratado de darle al anquilosado Consejo de Universidades (máximo órgano consultivo del Gobierno en materia de enseñanza superior). De la Plaza sugirió que la valoración sobre la gestión de Rajoy está sujeta a cómo resuelve el ministerio la situación del profesorado contratado, que afecta a casi 20.000 funcionarios en España. Un tema que quedó absolutamente aparcado por su antecesora al frente del MEC, Esperanza Aguirre. "Hemos pedido al MEC que se resuelva, esperamos que en el próximo Consejo de Universidaes habrá novedades, entonces será el momento de hacer valoraciones". Con todo, la asamblea general de la CRUE tuvo ayer un invitado especial: el responsable de la División 22 de política universitaria de la Comisión Europea, Domenico Lenarduzzi, que presentó los avances que se han producido en el último año respecto al documento firmado en mayo de 1998 por los ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, bajo el nombre de la Declaración de la Sorbona, con el objetivo de lograr la armonización de los sistemas de educación superior en los países de la Unión Europea. Se trata de un documento que España no firmó y que ayer fue tema de debate entre los rectores españoles. Entre los principales temas que la CRUE abordó ayer, añadió De la Plaza, está "la necesidad de que España que suscribió la Declaración en su fase inicial, se incorpore a los debates de Bolonia, los próximos 18 y 19 de junio. Sin embargo, los rectores no lograron un acuerdo sobre qué universidades deberán representar a España en la reunión. De momento se optó porque participen los siete rectores de la comisión permante de la CRUE y en los próximos días se propongan los otros siete.