Delgado Barrio recuerda a Intxaurraga que vive en un Estado de derecho

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado Barrio, recordó ayer al consejero vasco de Justicia, Sabin Intxaurraga, que vive en un Estado de derecho.En una carta conocida el martes Intxaurraga calificó de "presos políticos" a los anteriores dirigentes de Herri Batasuna (HB), condenados a siete años de prisión por colaboración con banda armada. Delgado Barrio puntualizó ayer que están encarcelados "como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, que en un Estado de derecho pronuncia la decisión que deriva del ordenamiento jurídico".

Frente a ese comedido recordatorio, el ministro del Interior, Jaime Mayor, puso la etiqueta de "disparate" a las palabras de Intxaurraga, de Eusko Alkartasuna (EA), y se preguntó "cómo un responsable de un departamento de Justicia puede atreverse a hacer esa aseveración". Mayor añadió que esas declaraciones "demuestran la confusión que preside el Pacto de Estella (Lizarra)" y "retrotraen a antes del de Ajuria Enea".

Tampoco se ahorró críticas el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, quien considera "incompatible que quien no cree en el Estado de derecho pueda ser responsable máximo de una consejería de Justicia". Y anunció que presentará una interpelación al lehendakari, Juan José Ibarretxe, para que aclare si comparte las palabras de Intxaurraga.

"Políticos presos"

El secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, tachó de "lamentable" la carta de Intxaurraga y, frente a la calificación de presos políticos que atribuyó éste a los miembros de la Mesa Nacional de HB, los consideró "políticos presos" por colaborar con banda armada. Los 22 dirigentes independentistas fueron condenados por haber cedido su espacio electoral en la televisión pública para que se emitiese un vídeo con las propuestas de ETA.

Intxaurraga recibió, en cambio, el aval de Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV, su socio de Gobierno. En opinión de Anasagasti, resulta "absurdo" e "inadmisible" que en un proceso de paz se mantenga en prisión a los dirigentes de una formación política. También recordó que desde que se conoció la sentencia del Supremo -el Constitucional estudia ahora el recurso- el PNV ha dicho que se encarceló a la Mesa Nacional de HB "por un planteamiento no de justicia, sino político", y que, además, "venía motivado por presiones del Ministerio del Interior".

"Cuando se ve al general [Enrique Rodríguez] Galindo [imputado en el caso Lasa y Zabala] paseándose" y a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el caso Marey, en libertad, "tenemos que denunciar que existen dos varas de medir", agregó Anasagasti. Y, como Mayor había dicho que el PNV tiene "un problema, que no sabe dónde está", aprovechó para volver a afearle su "inmovilismo" de "estatua de sal que siempre mira hacia atrás".

Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Manuel María Zorrilla, afirmó que el actual régimen de vigilancia penitenciaria "no es inconstitucional, pero es escasamente constitucional". Desde su punto de vista, el "control de las vicisitudes del cumplimiento de la pena tendría que correr a cargo del mismo tribunal que ha dictado la sentencia".

En una entrevista en Radio Euskadi, Zorrilla aventuró que, si ETA abandona la violencia de forma definitiva y sin condiciones, el problema de los reclusos de ETA desaparecerá.