El sustituto del senador del "caso Zamora" tiene dos causas penales abiertas en Benavente

Camilo Hernando Sanz, el sustituto del ex senador del PP Dionisio García Carnero, imputado en el caso Zamora, está encausado en dos procesos por supuesta prevaricación que se instruyen en el Juzgado número 2 de Benavente (Zamora), según anunció ayer el senador socialista Andrés Luis Calvo. Hernando tendrá que afrontar previsiblemente sendos suplicatorios en la Cámara alta y ambas causas terminarán en el Tribunal Supremo. Uno de estos procesos puede devolver a este tribunal una de las conexiones del caso Zamora relacionada con el supuesto fraude en un movimiento de tierras en el polígono de Cárnicas, operación descrita ante el instructor del Supremo por el testigo Luis Rodríguez Sanleón.

La semana pasada, el senador del PP García Carnero y el diputado del mismo partido José Manuel Peñalosa Ruiz renunciaron a sus actas de parlamentarios, para conseguir sacar el caso Zamora del Tribunal Supremo. Sin embargo, la investigación de algunas de las irregularidades que supuestamente afectan al PP en dicha provincia puede volver al Tribunal Supremo de la mano del sustituto de García Carnero, Camilo Hernando, quien tiene abiertos dos procedimientos abreviados en los juzgados de Benavente y cuyo aforamiento como senador arrastraría ambos procesos ante el alto tribunal. Hernando Sanz es uno de los ejemplos de jóvenes valores que el PP está lanzando ahora en sus listas: tiene 34 años, es abogado, y ejerce como concejal de Urbanismo y portavoz popular en el Ayuntamiento de Benavente. Pero en su corta carrera política se enfrenta también a dos procesos por supuesta prevaricación y a una querella interpuesta recientemente.

Hace apenas un mes, el juzgado número 2 de Benavente decretó la imputación en un supuesto delito de prevaricación a toda la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente, incluidos el alcalde, Antonio Zapatero, del PP, Camilo Hernando, el resto de los ediles populares y varios técnicos municipales. El presunto delito se refiere a la demolición, en 1997, de la llamada Casa del Capellán un edificio catalogado que formaba parte del Convento de Santa Clara, igualmente derruido en el anterior mandato. Fue la propia Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, la que denunció a los gestores del Ayuntamiento, después de haber intentado infructuosamente paralizar el derribo.

El otro asunto hace referencia a una denuncia por presuntas irregularidades en la certificación de un movimiento de 23.000 metros cúbicos de tierras en el Polígono de Cárnicas, cuando en realidad, según la denuncia, sólo se habrían removido 3.000. El senador Calvo indicó que la adjudicación de esas obras se hizo a la empresa Hermanos Blanco, una de las constructoras implicadas en el caso Zamora y propiedad del presidente del PP de Benavente, Adolfo Fernández Carro.

En el transcurso de la operación habrían desaparecido unos 20 millones de pesetas. Según fuentes próximas al caso, el Ayuntamiento habría alegado que había extraviado la documentación correspondiente a ese expediente. La denuncia de este hecho fue presentada por el ex alcalde de Benavente José María Saldaña, de Unión Centrista, y por el concejal y diputado provincial del CDS Luis Rodríguez Sanleón. Éste último, que declaró en el Tribunal Supremo ante el instructor del caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, citó el caso del Polígono de Cárnicas como una más entre las irregularidades del caso Zamora.

Querella por un concurso

Saldaña y Rodríguez Sanleón también presentaron una querella contra el grupo popular del Ayuntamiento de Benavente -en el que está Camilo Hernando- por supuesta prevaricación en la adjudicación directa, sin sacar a concurso, del servicio abastecimiento de aguas a Aquagest, después de que a esta empresa se le prorrogase por un año una concesión anterior. En cuanto a la situación del caso Zamora, el instructor se mantiene a la espera de recibir el informe del fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, sobre la conveniencia de imputar, en su caso, al diputado del PP Luis Ortiz, para ser interrogado. Esta medida, que ha sido solicitada por la acusación popular es la única posibilidad que resta para que la causa no salga del Tribunal Supremo. La resolución podría conocerse hoy.

Por otra parte, el secretario general de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, (APM), José Luis Requero, criticó ayer en Valladolid el hecho de que personas aforadas puedan utilizar tal prerrogativa para, al renunciar a sus actas, sustraerse de "la cúspide" de la jurisdicción, el Tribunal Supremo, y deriven la causa a un juzgado de Zamora que se encuentra en "la base" de la organización judicial.

Requero pidió al Poder Judicial que sea "sensible" y "arrope y se vuelque" con el instructor que finalmente se encargue del caso para que éste cuente con todo tipo de medios materiales y personales y no sólo de los que dispone habitualmente.