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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Reparaciones de paz

LA OPOSICIÓN acusa al Gobierno de falta de diligencia para tramitar la proposición de ley sobre indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, presentada el pasado día 9. El Gobierno, por boca del vicepresidente Álvarez Cascos, con el refuerzo de sus socios nacionalistas catalanes, lo niega con firmeza y dice estar a la espera de sugerencias de la oposición. Con independencia de quién tenga razón, es urgente que se aclaren los malentendidos, si los hay, o se mejore la comunicación entre los grupos, si ése fuera el problema. La iniciativa de una reparación solidaria a las víctimas como parte del proceso de paz en el País Vasco sólo tiene sentido si es unánimemente respaldada por todas las fuerzas democráticas, y no un motivo de querellas entre partidos. El PSOE e IU alegan que el Gobierno ha incumplido su compromiso de una tramitación rápida, para la que falta fijar los baremos de las indemnizaciones por daños diferentes al fallecimiento. También reprochan al Ejecutivo falta de voluntad de diálogo para consensuar diversos aspectos de la ley. En resumen, sostienen que el Gobierno presentó una propuesta poco madurada, porque sólo buscaba un efecto propagandístico: demostrar la falsedad de la acusación nacionalista de inmovilismo en relación con el proceso de paz.

Sea o no justa esa interpretación, es urgente que el Gobierno haga lo necesario para evitar que sigan alimentándose polémicas inútiles. En lo fundamental hubo acuerdo previo: que la medida afecte a las víctimas de todos los grupos terroristas, y que sus efectos se circunscriban a los daños personales, excluyendo los materiales. Que las indemnizaciones sean de tal o cual cuantía no puede ser motivo de grave divergencia. Tampoco se entiende que pueda serlo la propuesta de que el texto de la ley recoja medidas de reconocimiento simbólico para las víctimas.

Se entiende peor, en cambio, la propuesta de IU de ampliar el alcance de esta norma a las víctimas de la represión policial a partir de 1976, que deberían tener un tratamiento diferenciado. Dejarse llevar por la analogía conforme al principio de que "en el fondo, todo es terrorismo" sería contraproducente para el objetivo específico de esta iniciativa: reconocer la injusticia que han padecido las víctimas del terrorismo y reparar su sufrimiento. Todo lo que sea diluir el carácter específico de esa injusticia y ese dolor es una ofensa adicional. Como lo sería que los grupos políticos tratasen de instrumentalizar la ley mediante querellas partidistas.

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