El alcalde disputa a Ruiz-Gallardón en los tribunales el control de la Casa de Campo

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), no está dispuesto a que sus compañeros de partido que gobiernan la Comunidad de Madrid le quiten poder sobre la Casa de Campo. El regidor firmó el pasado 9 de abril su autorización para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia el decreto aprobado el 9 de febrero por el Gobierno regional que declaraba bien de interés cultural el primer pulmón verde de Madrid. El decreto establece que cualquier obra que se acometa dentro del parque debe contar, previamente, con el visto bueno de los técnicos de la Consejería de Educación y Cultura. La Comunidad de Madrid tiene así la última palabra sobre cualquier modificación que se lleve a cabo en esta zona verde donada por el Gobierno de la República a Madrid el 1 de mayo de 1931. El decreto autonómico, según los técnicos municipales, puede demorar importantes obras que el gobierno de José María Álvarez del Manzano ha emprendido en la Casa de Campo. El segundo plan de rehabilitación de la flora y la fauna está en marcha; tanto el Parque de Atracciones como el Zoológico, ambas instalaciones propiedad del mismo grupo empresarial, se han embarcado en un plan de mejoras que pretende atraer más clientes; también hay un plan de reforma de la zona donde se sitúan los edificios de las casas regionales y algunos pabellones feriales.

Para avalar la decisión del alcalde de recurrir contra el decreto autonómico, el Ayuntamiento cuenta con un informe que un equipo jurídico privado (Ballarín Abogados) ha elaborado y de un escrito redactado por un técnico especialista del área de Medio Ambiente.

En el estudio privado se afirma que, a partir de la declaración de la Comunidad de Madrid, "las licencias municipales ya concedidas quedan en suspenso". Actualmente, en la Casa de Campo trabajan con licencia municipal diversos quioscos de bebidas, el Parque de Atracciones o el Zoo. Por su parte, el informe de la especialista municipal asegura que el decreto regional puede afectar a proyectos cofinanciados por la Unión Europea como el de recuperación de zonas degradadas, por lo que el Ayuntamiento podría perder cientos de millones de pesetas.

Un informe municipal denuncia la "injerencia no justificada, una vez más, de la Comunidad"

El pasado febrero, el Consejo de Gobierno que preside Alberto Ruiz-Gallardón aprobó declarar bien de interés cultural la Casa de Campo, la máxima protección legal que puede dar la Comunidad a un monumento o jardín histórico. Esta declaración vino justificada, según la Comunidad, por la necesidad de delimitar con precisión este parque, que se estaba degradando por la falta de protección legal. Incoar un expediente como bien de interés cultural supone que sus propietarios o gestores -en este caso, el Ayuntamiento de Madrid- deben pedir permiso a la Comunidad para llevar a cabo cualquier modificación o alteración del monumento. Los técnicos regionales estudian entonces la petición y conceden o rechazan el permiso para llevar a cabo las obras reclamadas. Esta obligación está vigente en todo el centro histórico de Madrid, donde ambas instituciones mantienen un complicado entendimiento. Y existen ejemplos de cooperación: reforma de la calle Mayor y posterior descubrimiento de la iglesia románica de la Almudena, o trabajos previos de búsqueda e investigación de la cripta de Velázquez, en la plaza de Ramales. Pero también hay lugares donde los dirigentes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid chocan. El parque del Retiro, cuyos quioscos quería cambiar el Consistorio, es otro de los escenarios de la batalla de competencias.