Se bajan del Supremo

EL SENADOR Dionisio García Carnero y el diputado José Manuel Peñalosa, ambos del Partido Popular, han renunciado a sus respectivos escaños después de ser llamados a declarar como imputados por el magistrado del Supremo que instruye el caso Zamora. Esto significa que el sumario vuelve a la jurisdicción ordinaria y quedan sin efecto los suplicatorios presentados a las Cámaras. Los denunciantes del asunto relacionaron a ambos parlamentarios con el cobro de comisiones a empresas constructoras por la adjudicación de obras de la Diputación de Zamora. El asunto, en sí mismo grave, adquirió dimensión nacional cuando uno de los acusadores declaró que, en 1987, José María Aznar, entonces candidato a la presidencia de Castilla y León, había recibido para su campaña tres millones de pesetas de otros tantos constructores de Zamora. El presidente lo ha negado enfáticamente y el PP ha amenazado con querellas contra quienes involucren a Aznar en el caso. El abogado del partido socialista, personado como acusación particular, considera que la renuncia a los escaños es sólo una maniobra destinada a amortiguar la repercusión pública del caso al sacarlo del Supremo. La sospecha es legítima, pero los imputados han hecho uso de un derecho legal. Elegir la vía judicial ordinaria significa disponer de la posibilidad de recurso en instancia superior, lo que no ocurre cuando juzga el Supremo. Por otra parte, y al margen de la motivación última, la iniciativa significa objetivamente renunciar a un privilegio. Sin embargo, la rectitud de intenciones hubiera resultado más creíble si los imputados hubieran renunciado a sus escaños en el momento en que se iniciaron las actuaciones, y no después de haber declarado que no pensaban renunciar al escaño. Este súbito cambio de humor da pie, cuando menos, a alguna sospecha. En teoría, la renuncia al fuero podría ser una forma de imponer el cambio de un instructor cuya actuación disgusta a los aforados. Desde el PP se ha dicho que el senador García Carnero ya intentó renunciar al privilegio parlamentario. Ello no es del todo exacto. Lo que pidió fue que su grupo votara a favor del suplicatorio para tener ocasión cuanto antes de demostrar su inocencia. Es más, su abogado, personado en el caso Filesa en nombre del PP, se opuso en su día a que el sumario pudiera ir a la jurisdicción ordinaria por renuncia de los parlamentarios implicados. En caso contrario, alegó, quedaría en manos de los inculpados determinar la competencia del tribunal juzgador.

Sea en el Supremo o en la Audiencia Provincial, lo importante es que los tribunales aclaren si el PP se financió con el cobro de comisiones ilegales, como afirman diversos testigos. En su respuesta parlamentaria del miércoles, Aznar no se limitó a negar cualquier relación con el caso. Añadió que las únicas tramas ilegales de financiación que conoce, "y sancionadas por sentencia firme", son las del PSOE: "Ustedes, sí; nosotros, no". Tampoco esto es exacto: el Supremo estableció en sentencia firme que el llamado caso Cañellas escondía una trama de financiación ilegal del PP por comisiones de obras. Que el delito hubiera prescrito no cambia la naturaleza de los hechos.