El apellido paterno precederá al materno en caso de desacuerdo

Los hijos podrán llevar en primer lugar el apellido de la madre si así lo acuerdan sus padres. Pero si no logran el consenso, el apellido paterno se colocará el primero. Lo aprobaron ayer los diputados de la comisión de Interior y Justicia del Congreso, cuya propuesta será refrendada por el pleno, en principio la próxima semana, gracias al acuerdo del Partido Popular (PP) y el PSOE. La iniciativa, que funde cinco propuestas distintas, supone de hecho la capacidad de veto del padre. Por eso el primer promotor de la propuesta, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, mantendrá una enmienda en el pleno. Su intención es que sean los tribunales quienes decidan qué apellido se antepone cuando no haya acuerdo entre los progenitores.

La diputada Mercé Rivadulla argumentó esta pretensión por el hecho de que lo más normal es que sea el hombre quien acuda al Registro Civil a inscribir al niño, por lo que la Administración no tiene por qué enterarse de cuál es el deseo de la madre. En este punto se le unió también Izquierda Unida, pero no el PSOE, que acabó sumándose a la postura defendida por el PP.

La nueva ley, si es aprobada, mantendrá la posibilidad de cambiar el orden de los apellidos al llegar a los 18 años, sea cual sea la opinión de los padres; obligará a registrar a todos los hijos de la misma pareja con el mismo orden de apellidos y permitirá modificar los nombres inscritos de forma incorrecta de acuerdo a la grafía de la lengua oficial correspondiente. Los diputados nacionalistas -CiU y Bloque Nacionalista Galego, sobre todo- aplaudieron esta decisión. Todo ello sin coste alguno, gracias a una propuesta del PP que fue apoyada por el resto de grupos.

Los socialistas, por su parte, retiraron su proposición de anteponer siempre el apellido materno con la que pretendían cambiar "una discriminación histórica", según explicó a Efe Javier Sáez de Cosculluela.

Cuando esta ley se apruebe de forma definitiva, no entrará en vigor antes de tres meses, el tiempo que necesita el Gobierno para modificar el reglamento que regula el Registro Civil.