El fiscal dice que el permiso concedido a Gil fue ilegal y pide que no se repita

El fiscal de la Fiscalía Anticorrupción encargado de la causa contra Jesús Gil por supuesta desviación de fondos del Ayuntamiento de Marbella al club Atlético de Madrid ha pedido a la Audiencia de Málaga que declare la nulidad del permiso que le concedió este tribunal para viajar a Parma (Italia), el martes pasado, a fin de presenciar en directo el encuentro entre su equipo y el de esa localidad correspondiente a la Copa de la UEFA. En términos muy contundentes, el fiscal Carlos Castresana imputa a los tres magistrados del tribunal haber incurrido en una "ilegalidad manifiesta", haberse "extralimitado en sus competencias" por "atropellar y vaciar de contenido" la prohibición del juez Santiago Torres para que Gil no pudiese salir de España y haber vulnerado el artículo 24 de la Constitución, por lo que previene que, si la Audiencia no declara nula su resolución, acudirá al Tribunal Constitucional.

Según el fiscal, la Audiencia de Málaga no podía autorizar el viaje de Gil a Parma porque éste sólo había recurrido la denegación por el juez de una petición anterior de viajar a Roma para presenciar otro partido del Atlético contra el conjunto de la capital italiana. En aquel recurso, Gil sólo comentaba que la situación podría repetirse.

Castresana reconoce que, habiéndose celebrado ya el partido con el Roma, la queja de Gil sólo podría tener "efectos declarativos, a posteriori, determinando si fue acertada o no la decisión del instructor; y, todo lo más, sentar un criterio que resultase vinculante para oportunidades posteriores en que se produjese una solicitud en circunstancias análogas".

Pero, según Castresana, lo que no podía ser objeto de la queja es que la Sala, resolviendo sobre la pertinencia de la autorización del viaje a Roma, autorizase a Gil el de Parma, ya que éste "ni lo había pedido ni era el objeto del recurso".

Castresana indica que Gil había presentado ante la Audiencia un escrito en el que recordaba que el 20 de abril tendría lugar un nuevo partido en Parma y solicitaba a la Sala "la mayor celeridad posible en la tramitación del recurso de queja", ya que la no resolución del mismo antes de esa fecha lo dejaría "vacío de contenido".

Consecuencias desoladoras

El fiscal afirma que con ese escrito Gil no pidió permiso al tribunal, porque era el juzgado el que tenía que concedérselo, y porque en esa misma fecha lo pidió en otro escrito presentado en el juzgado de Marbella. Asegura después que el tribunal no tenía competencia legal para resolver sobre la extensión de una medida cautelar adoptada por el juez de instrucción, por lo que ha incurrido en una "ilegalidad manifiesta".

El fiscal expresa también su "perplejidad" por haber recibido la noticia por los medios de comunicación y haber dictado el tribunal "una resolución sin oír al fiscal, de manera sorpresiva". Agrega que las consecuencias para el principio de seguridad jurídica "no pueden ser más desoladoras: una resolución judicial firme, dictada por el juez competente, es atropellada y vaciada de contenido por otra de otro órgano judicial que carece de competencia".

Pese a que Gil ya ha disfrutado del permiso, el fiscal pide que la resolución sea "públicamente rectificada" para evitar que sirva de precedente.