Bolín adjudicó la recogida de basuras a una empresa que perdía dinero

El alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, sostiene que la adjudicación del servicio de recogida de basuras a la Compañía General de Servicios (GSC) se hizo "con absoluta transparencia", pese a que el juez ha admitido a trámite una querella por supuestas irregularidades. Los denunciantes sostienen que no se cumplió el pliego de condiciones en lo referente a la solvencia económica, pues está acreditado que GSC tuvo en el último ejercicio registrado pérdidas económicas, dato que ocultó en el concurso.

Según un certificado expedido por el secretario del consejo de administración de la compañía adjudicataria entregado al juez, ésta tuvo en 1997 unas pérdidas de 5.705.914 pesetas, y así lo aprobó la junta general el 29 de junio de 1998. Una de las acusaciones de irregularidad en el concurso se basa precisamente en que no se valoró la solvencia de la empresa, tal y como se establecía en los criterios de baremación de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Benalmádena. La empresa sólo aportó datos de su constitución y capital social, pero no de su balance. Según el querellante, Antonio Quesada, antiguo concesionario del servicio, este extremo es "muy importante" porque la adjudicataria, entre otros compromisos, debía asumir una plantilla de unos 25 trabajadores. Según consta en la querella, los empleados fueron informados de la concesión del servicio a GSC una semana antes de que se reuniera la mesa de contratación, el pasado 3 de marzo. Además, en la querella también consta que los técnicos que intervinieron elevaron una propuesta a la mesa de contratación en la que GSC aparecía peor valorada que IASA, la sociedad que durante dos años se encargó del servicio de forma provisional (95,810 puntos frente a 95,729). Según informó ayer un portavoz del Ayuntamiento de Benalmádena, existe un informe de la intervención municipal en el que se afirma que IASA no reunía los requisitos necesarios. El querellante, Antonio Quesada, sostiene, en cambio, que esto no era así, como prueba el hecho de que durante dos años prestara el servicio. La mesa de contratación también justificó que IASA no se comprometía a asumir la totalidad de los trabajadores, extremo que Quesada asevera que es "falso", puesto que durante el tiempo que prestó el servicio realizó una ampliación de plantilla. El alcalde de Benalmádena ha sido contundente en su respuesta: "El Ayuntamiento de Benalmádena no ha manipulado la adjudicación del servicio de basura y la querella presentada por Antonio Quesada contra el alcalde y el concejal de Medio Ambiente, Enrique Moya, carece, por tanto de fundamento. Ha sido la mesa de contratación la que, a la vista de todas las empresas presentadas, sus condiciones y sus características, propuso a GSC, pronunciándose incluso en contra de IASA, empresa que provisionalmente tenía la concesión desde 1997, por no ajustarse a alguna de las condiciones licitadas". Respecto a la deuda de 111 millones de pesetas que el Ayuntamiento de Benalmádena mantiene con Quesada, Bolín justifica que no se ha podido saldar porque la Seguridad Social y Hacienda lo tienen embargado por el impago del querellante a estos organismos. Quesada relata en la querella que estas deudas las contrajo con los estamentos públicos de acuerdo con el consistorio por el retraso en los pagos de las certificaciones, lo que colocó a su empresa en una situación muy difícil. Y agrega que nunca se ha pagado cantidad alguna pese a que la deuda fue reconocida en acuerdo plenario. Bolín también ha negado que se haya concedido al concejal Miguel Crespo un local en el puerto deportivo de Benalmádena para un centro de buceo. El hecho es "absolutamente falso", ha dicho, "porque entre otras cosas sería un acto ilegal al tratarse de un concejal de la corporación". Éste es precisamente el argumento de la acusación en la querella presentada también contra Bolín y el mencionado concejal por el grupo municipal del PP. El PP asegura que dispone de los contratos realizados por la sociedad municipal Puerto Deportivo de Benalmádena S.A. con varias entidades, una de ellas de Miguel Crespo, e l 23 de diciembre de 1998.