Barrionuevo dice que lo peor de las escuchas del Cesid fue su publicación

El ex ministro José Barrionuevo aseguró ayer que "lo que más hiere a las víctimas" de las escuchas del Cesid es la publicación de sus conversaciones privadas en el diario El Mundo, que "es lo que se ha decidido no investigar ni sancionar en este procedimiento". Barrionuevo reiteró ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde compareció como testigo en el juicio por las escuchas del servicio secreto, que el periódico no sólo no le pidió autorización para difundir pasajes de una conversación suya con la fallecida Ana Tutor, sino que luego publicó "comentarios de mofa y burla de quienes habíamos sido objeto de una publicación ilegal".

La letrada que ejerce la acusación en nombre del director de El Mundo protestó por esta calificación, pero el presidente del tribunal, Perfecto Andrés Ibáñez, le pidió que no limitase la libertad de expresión del testigo. Los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio dijeron que no se pidió permiso a Barrionuevo porque no se publicó la transcripción completa de su conversación, sino sólo una información sobre la misma. Aunque se negaron a revelar quién les facilitó las cintas y documentos que destaparon el escándalo, exculparon no sólo al ex coronel Juan Alberto Perote, sino también a los ex miembros del Gabinete de Escuchas que se sientan en el banquillo y al fallecido José Manuel Navarro Benavente, sobre quien se han descargado todas las culpas durante la vista oral.

El juicio, que había languidecido progresivamente, recobró ayer su expectación con la presencia de las personalidades que fueron objeto de las escuchas. Al contrario que Barrionuevo, la mayoría reclama indemnizaciones millonarias, por lo que el abogado del Estado tuvo que emplearse a fondo en los interrogatorios.

Antonio García Trevijano, que pide 50 millones, aseguró que desde 1985 tenía la convicción de que su teléfono profesional estaba pinchado, pero nunca lo denunció "porque no tengo ninguna confianza en el sistema de garantías para el ciudadano que existe en este país".

Por su parte, el empresario José María Ruiz-Mateos, que reclama 100 millones, reconoció haber tenido en su poder numerosas cintas de audio y vídeo grabadas subrepticiamente a personalidades públicas, pero se vio obligado a rectificar lo declarado ante el instructor, a quien dijo que él mismo se había encargado de "hacerlas públicas y divulgarlas". Ayer matizó que se limitó a comunicarlo a los afectados. Se da la circunstancia de que Ruiz-Mateos fue condenado el pasado 2 de marzo por amenazar a los presidentes del BBV, Emilio Ybarra, y del Grupo PRISA, Jesús de Polanco, con difundir información falsa.

Ramón Mendoza, ex presidente del Real Madrid, deploró que un organismo del Estado grabara y conservara tantos años conversaciones de ciudadanos privados.