El Gobierno ofrece regresar a España a 82 personas que huyeron por su vinculación a ETA

El Gobierno y la justicia española aseguran que 82 personas huidas al extranjero por su vinculación a ETA pueden regresar a España. El Ejecutivo informará de inmediato a los de los países en que puedan encontrarse, así como a las embajadas y los consulados, de la situación de estos individuos, que no tienen causas judiciales pendientes, según fuentes gubernamentales. Es el resultado de una primera evaluación de la Audiencia Nacional, a instancias del Gobierno, sobre la situación del medio millar de personas que decidieron irse de España en su día por su relación con la banda terrorista.

La decisión del Gobierno de impulsar el regreso de los huidos por su vinculación con ETA se encuadra dentro de una ofensiva política cuya finalidad es rechazar la imagen de inmovilismo ante el proceso de paz y normalización de Euskadi que los partidos del Pacto de Lizarra le atribuyen. El pasado fin de semana, el Ejecutivo presentó el primer borrador articulado de la proposición de Ley de Víctimas del Terrorismo, que también se encuadra en la agilización de ese proceso. Es también la primera vez que el Gobierno toma la iniciativa para impulsar el regreso de las personas huidas por su relación con ETA y que no tienen causas pendientes con la Justicia. En otras ocasiones, hasta medio centenar, se han revisado situaciones a instancias de parte, esto es a través de letrados que han representado los intereses de algunas de ellas.

Los 82 huidos por vinculaciones con ETA que pueden regresar a España en "cualquier momento", según las fuentes gubernamentales consultadas, son personas cuyos nombres aparecieron en sumarios judiciales, tras las redadas policiales, y que, en su mayoría, ni siquiera fueron juzgados. Son casos sobreseídos y, en algunos casos, prescritos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha realizado una revisión a fondo de estos casos a instancias del Gobierno y ya le ha comunicado sus nombres. La mayoría reside en Francia, México y Venezuela, en algunos casos en condiciones de semiclandestinidad y con documentos de identidad falsos. Las fuentes gubernamentales consultadas valoran que la cifra de 82 supera las previsiones que había estimado el Ejecutivo para esta primera evaluación sobre los casos menos comprometidos.

El Gobierno se ha comprometido a garantizar la confidencialidad a los huidos y comunicará de inmediato la situación de éstos a los ejecutivos de los países extranjeros en los que se cree que residen, así como a las embajadas y los consulados españoles. También se establecerá un mecanismo de información en el Ministerio del Interior, aún pendiente de determinar, que será útil para que sus familiares puedan conocer su situación procesal específica. De hecho, algunas familias de huidos se han interesado recientemente ante la Audiencia Nacional por algunos casos concretos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a instancias del Gobierno, está estudiando uno por uno los casos de los más de medio millar de huidos por sus vinculaciones con ETA y está efectuando una clasificación. En una primera evaluación provisional, que se acaba de realizar y que que ayer conoció este periódico, la cifra de los que podrían regresar de inmediato por no tener causas judiciales pendientes asciende efectivamente a la cifra 82 personas.

Excluidos

Esta medida impulsada por el Gobierno tiene un límite. Aproximadamente, unos 150 de los 500 huidos están excluidos de ella. Esos 150 son los presuntos etarras que se hallan pendientes de juicio, los que cumplen condena en Francia (unos 60) y los condenados (70) tras ser juzgados en rebeldía en España. Entre la primera cifra evaluada de huidos que pueden regresar, 82, y los que tienen causas pendientes graves, unos 150, existe una tercera gama intermedia que afecta a otros 250 y que la Fiscalía de la Audiencia sigue investigando. Las fuentes gubernamentales consultadas estiman que, además, de los 82 que podrían regresar de inmediato si lo desearan, el número total de los que pueden volver podrá alcanzar en los próximos meses hasta los 250, esto es, la mitad de la cifra total de huidos. Son los casos de personas con causas menores pendientes.

El primer anuncio público de esta medida lo ofreció el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en octubre pasado, durante la campaña de las elecciones vascas, un mes después de la declaración de tregua indefinida por parte de ETA. Fue simplemente una declaración de intenciones en nombre del Gobierno, que la situó dentro del proceso de paz en Euskadi.

En 1996, en la única evaluación pública -previa a la declaración de tregua de ETA- que el Ejecutivo hizo de los huidos, se estableció la cifra en 556. Estimó entonces que, tras una depuración de casos, unos 229 podrían estar en condiciones de regresar a España. Esta cantidad se aproxima a los 250 que, finalmente, el Gobierno considera que podrían regresar en los próximos meses a España.

El Ejecutivo ha decidido ahora impulsar esta medida, ya anunciada, ante las nuevas circunstancias políticas. Hay sectores de opinión, vinculados al bloque constitucional, como algunas organizaciones pacifistas, que dan alguna credibilidad a las críticas de inmovilismo del Ejecutivo que les dirige el Pacto de Lizarra. El Gobierno quiere romper esa imagen y demostrar, con medidas como ésta, que apuesta decididamente por el proceso de paz.