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Tribuna:

Ciudad progresista: un intento de definición

Definir, a las puertas del siglo XXI, qué significa el concepto de ciudad "progresista" no es, en absoluto, una cuestión obvia. No siempre la defensa de reivindicaciones tradicionalmente asumidas por los movimientos sociales urbanos es la mejor ni la única definición posible. Incluso se puede caer con facilidad en populismos reaccionarios cuando los anteriormente citados movimientos sociales urbanos concentran sus energías en la defensa de valores, modos de vida y formas de ocupación del espacio cuya adjetivación más fácil es la del anacronismo. No se puede, por tanto, elegir la vía fácil de una genérica "lucha contra la especulación" cuando de lo que con frecuencia se trata es de introducir elementos de corrección del mercado que resulten eficientes y no de atrincherarse en un "no pasarán" irreflexivo que a veces se transforma en una rémora para el bienestar social o para la competitividad de la ciudad. Tampoco es un mensaje inequívocamente progresista la defensa del medio ambiente desde el momento que bajo ese "paraguas" se cobijan formas muy diferentes de acción política. Éstas y otras precauciones no deberían de conducir, sin embargo al derrotismo de suponer que la actual "crisis de valores" imposibilita definir qué puede entenderse por política urbana progresista. Simplemente, hay que ir con mucho cuidado con la grandilocuencia y "pensar" la ciudad en un contexto de globalización creciente y de nuevos retos planteados tanto a la cohesión social como al desarrollo productivo. Las ciudades deben reforzar su papel de generadoras de economías externas para que la actividad productiva pueda competir y sobrevivir y ha de facilitar a los ciudadanos las máximas posibilidades de adaptación personal a un entorno cambiante donde la flexibilidad será cada vez más el estado normal y no la excepción. Y ello significa que las ciudades han de ser focos culturales porque sólo la cultura asegura esta flexibilidad y puede permitir superar la creciente fragmentación social, el predominio del individualismo feroz como norma básica de convivencia, la dualización y los brotes de intolerancia, racismo y xenofobia, rasgos todos ellos que están presentes en las sociedades más desarrolladas. Ciudades eficientes, cultas y solidarias sería quizá el paradigma del mensaje progresista para las ciudades del País Valenciano del siglo XXI. A estos tres adjetivos cabría añadir algún otro atributo como la habitabilidad, la defensa no fundamentalista del medio ambiente y del patrimonio cultural colectivo, el cultivo del civismo y la defensa del papel corrector del sector público cuando el mercado provoca situaciones de marginación e indefensión de las capas sociales más desfavorecidas. Ciudades progresistas son, por tanto, ciudades competitivas; abiertas a las nuevas tecnologías; bien conectadas a su sistema urbano para aprovechar los flujos de innovación; ciudades cultas donde la cultura (empezando por el conocimiento crítico de la propia historia) sea objeto de atención preferente y donde la formación flexible ocupe un lugar predominante en los programas de gobierno; ciudades cívicas que hagan honor al adagio medieval de que "el aire de la ciudad hace libre" y a su tradición de mestizaje cultural y tolerancia; ciudades racionales que recuperen la mejor tradición urbanística de la sencillez y economía de materiales y que hagan un uso racional de los recursos naturales, limitando el creciente y pernicioso incremento de la motorización privada; ciudades solidarias con los desposeídos de dentro y de fuera; ciudades donde la globalidad y la localidad se combinen en base al cultivo no chauvinista del sentimiento de pertenencia a la comunidad local y a la maximización de los contactos exteriores y de la consciencia de pertenecer, al mismo tiempo, a la red de ciudades mundial.

Josep Sorribes es profesor de Economía Regional y Urbana de la Universitat de València.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de abril de 1999