La Audiencia absuelve a las administraciones por la inundación del Francolí
La Audiencia Nacional ha exculpado a las administraciones públicas (Administración central, Generalitat y Ayuntamiento de Tarragona) de cualquier responsabilidad en las inundaciones que afectaron a la parte baja de la ciudad de Tarragona en el mes de octubre de 1994, según se desprende de la sentencia que desestima el recurso interpuesto por un grupo de empresarios que sufrieron daños a causa de la avenida del río. Los empresarios recurrentes reclamaban una indemnización de 1.000 millones de pesetas por los perjuicios sufridos. Los letrados de los empresarios estudian ahora la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el alcalde de Tarragona, el convergente Joan Miquel Nadal, lamentaba ayer que la situación del río Francolí no haya variado desde que se produjo la inundación, de lo que hizo responsable al Ministerio de Medio Ambiente. Según la sentencia, dictada por la magistrada Margarita Robles, las inundaciones del 10 de octubre de 1994 fueron excepcionales e inevitables, producto de las lluvias torrenciales "y catastróficas" que cayeron de forma constante durante los días anteriores, por lo que concurrió una auténtica fuerza mayor. Conjetura Según consta en el fallo, el caudal del río Francolí en la zona donde se produjo el desbordamiento era de 1.620 metros cúbicos por segundo, lo que está situado "por encima de la máxima avenida correspondiente a un periodo de retorno de 500 años". Asimismo se considera una conjetura la afirmación de que las obras previstas en el cauce del río por las administraciones públicas hubieran evitado la catástrofe. Los abogados de la veintena de empresarios afectados, del despacho Salvà, consideran "incomprensible" que la Audiencia haya hecho oídos sordos a otros documentos técnicos aportados a la causa, entre ellos uno elaborado por la Junta de Aguas de Cataluña, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente nueve meses antes de la avenida, que fijaba en 2.000 metros cúbicos de agua por segundo el caudal requerido para poder hablar de "fuerza mayor". Los letrados se escudan en esta última premisa para calificar de muy viable la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, extremo éste que estudiarán con sus clientes en una reunión convocada para finales de esta semana. Los abogados consideran que las riadas de 1994 no se habrían producido si se hubiera desviado el cauce del río tal y como se había aprobado en 1976 y si se hubieran previsto a tiempo las obras dictaminadas por el Plan Hidrológico de Cataluña. El alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, mostró ayer su satisfacción por el hecho de que el Ayuntamiento haya sido eximido de cualquier responsabilidad, aunque lamentó que la sentencia haya llegado mucho antes que la solución al desvío del Francolí. Nadal considera que en estos momentos el retraso en la ejecución sí podría comportar un caso de negligencia por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
