ERC propone que Cataluña sea un Estado asociado al Reino de España

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó ayer una propuesta articulada de nuevo Estatuto de Cataluña sobre el que pivotará su actuación política en los próximos meses. El documento, que fue presentado por el líder de la formación, Josep Lluís Carod-Rovira, parte de posiciones soberanistas que muy difícilmente tienen encaje en la Constitución, pero certifica que ERC sitúa en un lejano horizonte la viabilidad de la independencia. El texto establece Cataluña como "Estado libre asociado al Reino de España".

Al inicio de la década de los noventa, coincidiendo con la consolidación de Àngel Colom al frente del partido y con la proclamación en cadena de independencias ante el desmembramiento de la Unión Soviética, ERC rompió con la tradición federal de su partido y apostó inequívocamente por la independencia de Cataluña. El propio Colom llegó a fijar incluso un plazo para proclamar la independencia de Cataluña: antes del año 2000. A punto de alcanzarse aquella fecha, la independencia no sólo no se ha proclamado, sino que el independentismo político vuelve a estar fragmentado tras la creación, en 1996, del Partit per la Independència (PI), impulsado por Àngel Colom y Pilar Rahola. Desde que sufrió la escisión, y sin renunciar a la independencia de Cataluña a largo plazo, ERC ha ido moldeando su discurso a partir de planteamientos soberanistas que ahora quedan claramente detallados en la propuesta de nuevo Estatuto, que ayer fue presentado en el Colegio de Abogados en un acto que reunió a buena parte de la cúpula del partido. ERC llevará este documento, que ha sido coordinado por el profesor de la Universidad Rovira i Virgili (URV) Jaume Renyer, a la comisión sobre el avance del autogobierno creada en el Parlament. Además, tiene previsto convertirlo en el eje de su programa ante el próximo ciclo electoral. A pesar del esfuerzo posibilista que supone el Estatuto redactado por ERC, los planteamientos soberanistas difícilmente encuentran encaje en el actual marco constitucional. El texto establece como sujeto de la soberanía al "pueblo catalán" y reconoce al Parlament capacidad para regular las condiciones del derecho a la autodeterminación. Tribunal Constitucional Los promotores del documento no optan por ninguna fórmula al respecto, pero consideran un "antecedente" la sentencia de la Corte Suprema del Canadá, que el año pasado estableció que la secesión de Quebec tendría legitimidad democrática si la opción independentista tuviera el apoyo de una mayoría clara ante una pregunta clara en referéndum. Lo que sí detalla el texto, mediante una disposición transitoria, es que las instituciones catalanas deben recurrir, paradójicamente, ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno español no traspasa las competencias previstas en el texto en un plazo de cuatro años desde la eventual aprobación del Estatuto. Las propuestas de Esquerra aspiran a reducir España a una entidad meramente simbólica, sin apenas competencias, que serían asumidas casi en su totalidad por el Estado libre catalán. La propuesta de Estatuto prevé que el Gobierno autónomo tenga incluso competencias en la coordinación de las fuerzas armadas en Cataluña, a partir de la "corresponsabilidad institucional de la Generalitat y el Estado español". Asimismo, ERC propone la participación directa de Cataluña en los organismos de la Unión Europea sin que ello suponga romper con España. El proyecto de Estatuto explicita que el catalán es la lengua propia de Cataluña, pero a diferencia del texto vigente niega al castellano el carácter de cooficialidad. La propuesta de ERC afirma, no obstante, que "la Generalitat garantizará el derecho individual al uso oficial del castellano ante la Administración, así como la enseñanza de este idioma". Al mismo tiempo, propone "velar por el respeto del uso de las otras lenguas de la UE y de poblaciones extracomunitarias". ERC aboga también por separar el presidente de la Generalitat de las tareas ejecutivas y hacerlas recaer en el jefe de Gobierno. El partido de Carod-Rovira considera que el presidente debe ser elegido de forma directa por los ciudadanos por un periodo de siete años, con una única reelección posible, y basar sus tareas en la representación institucional.