Un disparo de más

UNA JOVEN de 21 años, Miriam Gómez Cuadrado, resultó muerta el sábado en Sevilla como consecuencia de un disparo realizado por la Guardia Civil. Ella y su compañero se saltaron un control de alcoholemia cuando regresaban de una discoteca. Según la versión oficial de los hechos, uno de los agentes que perseguía a los huidos "mostró su arma con ánimo intimidatorio, produciéndose un disparo por circunstancias que aún se desconocen". Como en cualquier suceso con resultado de muerte serán los jueces quienes determinen en última instancia la responsabilidad de los hechos, pero al tratarse de un miembro de las fuerzas de seguridad es necesario que el ministro del Interior dé cuanto antes una explicación convincente y detallada de los hechos al Parlamento. La Guardia Civil ha suspendido con carácter cautelar al brigada jefe del destacamento de Tráfico Pedro Jiménez Menchén, al tiempo que ha iniciado su propio proceso de información verbal.La tragedia de Sevilla tiene seguramente un carácter excepcional. Ya no es corriente, por fortuna, que los agentes que portan armas de fuego cometan errores groseros o actos injustificados que causen una muerte. Hay que remontarse a la década de los ochenta para encontrar varias muertes por error , la mayoría en controles policiales. Eran tiempos de tensión en la lucha antiterrorista, un factor que contribuye a explicar su abundancia estadística. Pero la singularidad de esta muerte no evita un lógico estremecimiento de inquietud. Aun admitiendo su excepcionalidad, acontecimientos como éste contribuyen a socavar la confianza de los ciudadanos en las fuerzas del orden, a las que hay que exigir prudencia, responsabilidad y autocontrol en los momentos de tensión, además de competencia en su oficio. Estas exigencias son fundamentales en una sociedad democrática, donde el respeto a la vida humana debe estar por encima de muchas otras consideraciones, incluida la satisfacción por detener a un fugitivo ocasional.

Todas estas cualidades estuvieron ausentes el sábado en el mortal episodio de Sevilla. No existe proporción alguna entre el hecho de saltarse un control de alcoholemia, una vulneración de la ley de carácter menor, y el iniciar una persecución peligrosa y temeraria por la vía de servicio de la nacional IV, aunque los perseguidos realizaran "maniobras temerarias", o tal vez precisamente por eso. Tampoco existe proporcionalidad entre la debida conminación a dos personas que huyen para que detengan su vehículo y la exhibición de un arma de fuego, cuyo uso parece reservado para delitos más graves y situaciones de mayor riesgo para los agentes de la ley, como se demuestra de la propia práctica policial aceptada. Los hechos conocidos después -el conductor que se dio a la fuga en compañía de la muchacha carecía de carné de conducir- confirman la terrible desproporción entre los medios utilizados y las ventajas obtenidas.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto diligencias para investigar los hechos. Desde luego está por aclarar cómo es posible que se disparara el arma reglamentaria y causara la muerte de Miriam. Naturalmente, hay que contar desde el inicio con un respeto escrupuloso de la presunción de inocencia de los agentes implicados; así es y así debe ser. Pero la investigación interna debe llegar hasta el fondo y deshacer cualquier duda entre los ciudadanos antes de que se establezca la verdad judicial. Nada sería peor para la credibilidad de las fuerzas del orden que la sospecha de que su rigor se transforma en tolerancia cuando el infractor de la ley es uno de los suyos. Éste no es un incidente trivial que pueda ser relegado al olvido.