El juez pregunta a tres gobiernos del PP por las recalificaciones de Aravaca

El juez de Madrid que investiga supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en el llamado caso Aravaca (la recalificación de 700.000 metros cuadrados de suelo para aumentar las posibilidades de construcción de viviendas en un barrio de lujo y, de esa manera, pagar las expropiaciones de terreno para la construcción de la M-40 norte) ha decidido preguntar a los tres gobiernos del PP en las administraciones municipal, autonómica y central.Con esta medida se acelera una investigación judicial iniciada hace dos años tras la querella presentada por una asociación de vecinos contra nueve personas, entre ellas el promotor inmobiliario, José Manuel Bartolóme, marido de la ministra Isabel Tocino, e ingenieros del Ministerio de Obras Públicas que, supuestamente, conocían de antemano que se iban a recalificar terrenos y compraron en la zona.

Eduardo de Porres, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid dictó el pasado 5 de abril un auto en el que ordena al secretario general del Ayuntamiento de Madrid, Paulino Martín, que le "certifique" si el municipio recibió el suelo que legalmente le correspondía tras haber recalificado 700.000 metros cuadrados.

La petición del juez, con preguntas redactadas previamente por el fiscal Carlos Saiz, se produce tras haber recibido un informe de los peritos judiciales en el que éstos señalan que no han podido averiguar si el consistorio ha recibido los terrenos de cesión obligatoria que le corresponden, unos 67.000 metros cuadrados. Los peritos también interpretan que la operación urbanística de Aravaca fue, por su volumen de terrenos recalificados, injustificada.

El Ayuntamiento permitió, con sus recalificaciones, que donde antes sólo se podían construir 260 chalés se pudiesen levantar 1.296 viviendas, de mucha más fácil comercialización en el mercado inmobiliario

El juez también interrogará a los responsables de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Fomento para que le detallen el proceso administrativo que llevó a la construcción del tramo norte de la M-40 y saber si alguien pudo lucrarse con información privilegiada.