Urbanismo tardó 11 meses en inspeccionar el inmueble que se desplomó en Sevilla pese a su estado ruinoso

VIENE DE LA PÁGINA 1 Las contradicciones existentes en el expediente sobre la situación del inmueble siniestrado se están extendiendo al equipo de gobierno de Sevilla. El delegado de Urbanismo, el andalucista Mariano Pérez de Ayala, puso ayer en entredicho a la alcaldesa Soledad Becerril al asegurar que su departamento no prepara un informe sobre las posibles causas del derrumbe. "Lo que ha hecho la Gerencia es requerir a la dirección facultativa de la obra para que realice un informe sobre sus actuaciones y que lo tenga lo antes posible", explicó. Soledad Becerril había asegurado 24 horas antes: "Espero un informe de la Gerencia sobre las condiciones de seguridad en la vía pública de esta obra y lo que los técnicos hayan podido ver". Este periódico trató ayer de aclarar las contradicciones, pero no obtuvo respuesta de la alcaldía de Sevilla. Pérez de Ayala se mostró ayer partidario de revisar las normas sobre conservación del patrimonio, siempre que "no sirvan de excusa para volver a la política de los años 60, cuando todo se demolía". De forma implícita se distanció del procedimiento utilizado por la alcaldesa, quien inició anteayer consultas con promotores, arquitectos y aparejadores técnicos. El delegado de Urbanismo considera necesario "hablar antes con la Consejería de Cultura para analizar la normativa referente a conservación en vez de con los arquitectos y promotores privados". Métodos adecuados No obstante, matizó en relación con el caso de Bustos Tavera que "el problema no está en la rehabilitación sino en si se hace con las técnicas adecuadas". Y agregó: "No se ha caído un edificio en ruinas, sino un inmueble con una obra en ejecución. La dirección facultativa tendrá que decir si ha hecho algo mal". El delegado de Urbanismo restó trascendencia al escrito de las arquitectas sobre el estado ruinoso del número 35, dado que poco después se presentaron los proyectos de rehabilitación y ejecución. Con ello, deduce, "consideran que puede hacerse porque, si no es posible conservar, para qué presentan dicho proyecto". Al debate sobre la revisión de la normativa de conservación del patrimonio se sumaron ayer nuevas voces. La delegada provincial de Cultura, Pilar Gómez Casero, defendió la reforma, aunque si su espíritu sigue siendo conservacionista: "Todo es mejorable, pero no estoy de acuerdo en que una revisión signifique mayor flexibilización en la protección del patrimonio". También representantes de los colegios de Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y la asociación de constructores se reunieron ayer por la mañana para analizar las medidas que podrían adoptarse para "evitar la reiteración de este tipo de accidentes". Sobre la revisión plantean que "la seguridad en ningún caso debe ser comprometida por la conservación".