Navarra asume la transferencia de las políticas activas del Inem y de Justicia. El Gobierno navarro redondea la legislatura con los nuevos traspasos
Los gobiernos central y de Navarra cerraron ayer en Madrid el acuerdo para el traspaso a la Comunidad foral de las competencias en materia de políticas activas del Inem y de medios materiales y personal al servicio de la administración de Justicia. Tras consensuar por la mañana con el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, la fórmula para establecer la cuantía económica de las políticas activas de empleo, el presidente de Navarra, Miguel Sanz, se entrevistó por la tarde con el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, y se fijó en 2.400 millones de pesetas, de los que 576 corresponderán a los gastos del personal transferido del Inem y 1.809 a los gastos corrientes, principal escollo de la negociación. La asunción del nuevo paquete competencial, que, según señaló ayer el consejero de Economía José María Aracama, culmina "satisfactoriamente" todas las previsiones establecidas para la legislatura por el Ejecutivo de UPN se realizará el 1 de octubre próximo. El Gobierno vasco no acepta el traspaso de las políticas activas de empleo si no va acompañada de la recaudación de las cuotas por desempleo y del pago del subsidio, a lo que se niega la Administración central por considerar que se rompería la "caja única" de la Seguridad Social. Si en el traspaso de las competencias de Justicia ambos gobiernos estaban plenamente de acuerdo en que se realizará de una forma gradual, asumiendo Navarra este año los bienes materiales (edificios e instalaciones) y el personal de mantenimiento y dejando para el año 2000 el traspaso del grueso de los 300 funcionarios, la asunción de los programas de apoyo al empleo desarrollados por el Inem generó hasta ayer mismo una ardua discusión técnica que se solventó tras las entrevistas mantenidas por Sanz con los ministros de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, y de Administraciones Públicas, Ángel Acebes. Al final, Navarra recibirá en forma de transferencia directa o descontándolo del cupo anual que aporta al Estado en virtud del Convenio Económico un total de 1.809 millones por el concepto de transferencias corrientes para financiar las políticas activas de empleo que asume. El Gobierno de Navarra creó en abril de 1998 su propio Servicio Navarro de Empleo, que sumará las nuevas transferencias a las que ya presta en la formación profesional ocupacional de parados y trabajadores en activo. Navarra recibirá diez oficinas del Inem distribuidas por toda la comunidad y 97 de los 160 funcionarios de plantilla del Instituto Nacional de Empleo. El presidente navarro confirmó que los decretos de traspasos, que incluirán competencias menores como la gestión de instalaciones radioactivas, plantas de producción energética, mediadores de seguros y acuerdos complementarios de obras hidráulicas, se firmarán en un plazo de dos semanas en el seno de la comisión mixta Navarra-Estado. Más polémica será, con toda seguridad, la asunción de las competencias en materia de Justicia. Los sindicatos del sector, CCOO, UGT y ELA, calificaron recientemente de "grotesca" la fórmula de separar la asunción de los medios materiales de las del propio personal y acusaron a UPN de carecer de voluntad real para asumir la transferencia. Una crítica que comparten casi toda la oposición. El Ejecutivo foral pretende ganar tiempo para evitar un conflicto de competencias similar al generado en Euskadi que se podría producir si realiza la homologación salarial del personal transferido y el Gobierno central la recurre al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo navarro, en cualquier caso, cerrará la legislatura sin haber podido obtener la competencia exclusiva de Tráfico para la Policía Foral una reivindicación unánime de todo el arco parlamentario, y sin perspectivas claras de asumir las competencias penitenciarias, ya que UPN prefiere esperar a que esté construido el nuevo centro penitenciario de la región antes de dar ese paso. Por otro lado, representantes de Navarra y el Estado constituyeron ayer la comisión de seguimiento de las obras del Canal de Navarra, la infraestructura que conducirá el agua del embalse de Itoiz hasta los nuevos regadíos. Tras actualizar los presupuestos del proyecto, la primera fase del Canal costará 75.708 millones y 28.016 la segunda. Navarra aportará hasta el año 2014 un total de 41.490 millones y el Estado, 62.235.
