Las licencias valencianas de caza por kilómetro cuadrado duplican la media española

La ley de caza que ahora se tramita en las Cortes Valencianas -aunque el tiempo se echa encima, sólo queda un pleno para terminar la legislatura- ha sido calificada por la oposición de "antigua" y "carente de consenso". El principal cuestionamiento es que, en vez de priorizar la protección de la biodiversidad, sólo regula técnicamente el ejercicio de la caza por y para los cazadores. En opinión de los socialistas, la Comunidad Valenciana es una de las que padece más presión cinegética en toda España. Las cifras son contundentes: en el 79% del territorio valenciano se permite la caza, existen 1.000 cotos privados y el promedio de licencias es de 5,2 por kilómetro cuadrado, el doble que la media nacional.

El PSPV esgrime un estudio de hace poco más de un año, elaborado por un experto de la Universidad de Valencia -el profesor titular de Análisis Geográfico Regional, Emilio M. Obiol- en el que se asegura que en la amplia variedad de ecosistemas mediterráneos de la Comunidad Valenciana "están representadas todas las especies de caza menor, mayor y de las aves acuáticas más preciadas". Sin embargo, la presión social y la actuación de los cazadores hace que las poblaciones de especies abatibles disminuya constantemente. "La relativa adversidad de las condiciones medioambientales, la fuerte presión de los cazadores y el descuido de los cazaderos, se reflejanen el mediocre censo de especies abatidas, en las bajas densidades de especies cazables y en las oscilaciones de sus capturas", resume el estudio académico. El informe detecta también otro problema de carácter socioeconómico: "La enraizada actividad de la caza en la región no ha pasado de una fase de afición, practicada en un contexto de apego a la naturaleza, costumbre, herencia, moda y prestigio socioeconómico. La caza se configura así como una actividad de ocio al aire libre, al margen de la actividad agraria, practicada por muchos ciudadanos, pero en la que no se han implicado los verdaderos agentes que podrían fomentarla en el sector productivo". Obiol también diagnostica un déficit de racionalidad ecológica y empresarial. Y aventura que una futura ley de caza sería "provechosa, ya que la legislación vigente está desfasada". Pero, a su juicio, la nueva norma debería potenciar una práctica cinegética que aporte "beneficios ecológicos y socioeconómicos a las comarcas rurales menos desarrolladas". Una de las mayores críticas a la ley que se tramita proviene del socialista Alfonso Arenas y está precedida por un estudio de impacto ambiental sobre la repercusión de las actividades cinegéticas. Un total de 120.000 licencias colocan a la Comunidad Valenciana como la tercera autonomía en potencial predador, por detrás de Andalucía y Cataluña. Los últimos datos de 1991 hablan de que en la Comunidad anualmente se cazan 25.000 conejos, 80.000 perdices, 20.000 liebres, 10.000 codornices, 800.000 aves y 2.300 jabalíes. La oposición a la ley por parte de Esquerra Unida, camina en el mismo sentido. En su enmienda a la totalidad, rechaza por UV y el PP, EU argumenta igual que los socialistas que "los animales no han de ser objeto de caza, excepto cuando la superpoblación de una determinada especie ponga en peligro a otras o cree desequilibrios ecológicos".