Doble ética fiscal

ANTÓN COSTAS Una persona que desarrolla sus actividades en la esfera privada y utiliza todas las posibilidades legales que le permite el actual sistema fiscal para pagar la menor cantidad de impuestos posibles, ¿pierde la legitimidad para desempeñar cargos públicos? La pregunta me surge a la vista de lo que le está sucediendo al ministro Piqué y lo que le puede suceder al ministro Arias-Salgado y a otros políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, que estén en circunstancias fiscales similares. En el debate político alrededor de esta cuestión la oposición parece sostener la idea de que quienes hayan optimizado las posibilidades del sistema fiscal para pagar legalmente los menores impuestos posibles no deberían ocupar cargos públicos. Surgiría así una doble ética fiscal: una, laxa, aplicable a los ciudadanos privados que renuncien a participar en la vida pública, y otra más exigente aplicable a los que se quieran dedicar a ella. Si admitimos esa doble ética fiscal, pueden surgir algunos efectos no deseados sobre el funcionamiento de la vida pública. Uno de esos efectos puede ser la introducción de una sutil barrera de entrada a la política, que acabe haciendo de la vida pública un monopolio de los políticos de carrera. El motivo sería claro: aquellos que se hayan dedicado o se dediquen a la vida empresarial o profesional y que hayan utilizado las opciones que ofrece el sistema fiscal han de olvidarse de la vida pública. Como en esa situación está un gran número de personas capaces, que potencialmente podrían tener la oportunidad, el deseo, la voluntad o la ambición legítima de dedicarse en algún momento a la cosa pública, el criterio de la doble ética actúa como una barrera que impide de por vida que muchos ciudadanos puedan en algún momento dedicar sus esfuerzos y capacidades a contribuir a resolver los problemas públicos. ¿Quién sale beneficiado de esta restricción a la competencia en la vida pública? ¿Los intereses generales o los intereses particulares de los políticos de carrera? Sin duda, los últimos. Quizá sea esta una consecuencia no querida del ataque al ministro Piqué. Pero, en cualquier caso, no deja de ser por ello menos real. ¿De que se acusa al ministro Piqué? No de haber utilizado el sistema fiscal de la manera más favorable a sus intereses, porque eso es legal. De lo que se le acusa es de que habiéndolo hecho haya tenido la osadía de entrar en la vida pública. Mientras ocupó el Ministerio de Industria y Energía fue considerado un tecnócrata eficaz, nada peligroso para los políticos profesionales. Es al ser nombrado portavoz del Gobierno, quizá intuyendo el presidente José María Aznar las capacidades que inmediatamente mostraría Piqué para introducir un nuevo estilo de hacer política y para cambiar las viejas esencias con sabor a rancio y a naftalina del PP y del mismo Gobierno, cuando los celos y el miedo al intruso contribuyen a explicar el hostigamiento político a Piqué. No creo que la reacción contra Piqué se deba sólo a la idea de que derribándolo se debilita a Aznar. Intuyo en ese comportamiento político, de la oposición y de compañeros de partido, un fuerte sentimiento, aunque sea inconsciente, de reacción gremialista a la competencia y a la innovación que viene de fuera del sistema. En todo caso, sea acertada o no esta intuición, el efecto que surge de esta historia es un claro aviso para potenciales navegantes en las aguas de la política: o te dedicas a la vida privada y no ponemos en cuestión tu comportamiento fiscal, o si pretendes entrar en la vida pública compitiendo con los políticos de carrera, entonces atente a las consecuencias. No encuentro razones para justificar esta doble conducta. El sistema fiscal tiene que ser el mismo para todos los ciudadanos, y las posibilidades de utilizar una u otra figura impositiva no pueden depender de si uno decide dedicarse a la vida privada o a la pública. Lo que a mí parece mal no es que algunas personas, o más bien muchas, se acojan a modalidades de tributación que les permiten pagar menos impuestos y que, sin embargo, no podemos utilizar los que tenemos que pagar por IRPF. No. Lo que no me parece moralmente aceptable es la existencia misma de esas figuras tributarias, al menos en su actual diseño técnico, que permite que muchos empresarios, autónomos y los profesionales liberales puedan deducir múltiples gastos y pagar menos impuestos que los que paga la mayor parte de los asalariados de este país. Los ricos no tributan por IRPF. Pero la solución no está en la utilización del sistema fiscal con fines políticos, para sacar de la política o impedir que entren en ella personas que han actuado legalmente. La solución está, en todo caso, en reformar el sistema para impedir que continúe la injusta discriminación actual contra las rentas del trabajo personal. Los socialistas lo pudieron hacer mientras estuvieron en el poder. Y ahora lo pueden conseguir desde la oposición.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB y vocal del Círculo de Economía.