La acción popular del 'caso Zabaleta' atribuye a la juez "falta de conocimiento y ánimo de simplificar"

La instrucción judicial por la muerte de Aitor Zabaleta ha entrado en el terreno de la polémica. La acusación popular, representada por el Movimiento contra la Intolerancia, ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de queja contra la juez que investiga el homicidio del seguidor de la Real Sociedad, muerto de un navajazo asestado supuestamente por un neonazi. La organización entiende que la magistrada ha vulnerado la ley al no darles tiempo suficiente para intervenir en el sumario; asimismo considera "preocupante" su decisión de desestimar los recursos interpuestos, "lo que revela ausencia de profundidad en la investigación". Una carencia que el Movimiento contra la Intolerancia atribuye "probablemente" a su "falta de conocimiento" sobre neonazis y a "un ánimo de simplificar y resolver rápidamente".

Aitor Zabaleta, de 28 años, murió el 9 de diciembre pasado a causa de un navajazo que le asestó supuestamente un neonazi a la puerta del estadio de fútbol Vicente Calderón, adonde había acudido a ver el partido que iba a disputar su equipo, la Real Sociedad, contra el Atlético de Madrid. Desde un principio, la policía consideró que el crimen había sido obra de un grupúsculo llamado Bastión, una banda neonazi escindida del Frente Atlético, la hinchada más radical del club madrileño. Por ello buscó entre los jóvenes vinculados a este grupúsculo hasta dar con los sospechosos.En esta línea, el Movimiento contra la Intolerancia entendió que el crimen era consecuencia de una acción de represalia premeditada y concertada por los detenidos. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid abrió procedimiento por homicidio sólo contra un imputado (Ricardo Guerra Cuadrado, de 23 años y supuesto autor de la puñalada). Para el resto de los sospechosos decidió abrir procedimiento sólo por desórdenes públicos.

Ante esta decisión, el Movimiento contra la Intolerancia presentó un recurso de reforma que fue desestimado. Ahora ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia de Madrid. "En cualquier caso, de no prosperar este recurso, presentaremos ante el Tribunal Constitucional uno de amparo", anunció ayer el presidente del citado movimiento, Esteban Ibarra.

El primer argumento empleado por esta organización es de índole formal: creen que la juez vulneró la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no cumplir el plazo de 10 días preceptivos entre el levantamiento del secreto y la conclusión del sumario, "tiempo que permitiría ejercer el derecho que tienen las acusaciones o defensas a intervenir en la investigación". El recurso también se opone a la decisión de la juez de enjuiciar separadamente por homicidio a Ricardo Guerra de las otras personas que, a juicio de la acusación popular, pertenecían al grupo agresor y a quienes sólo se les imputa un delito de desórdenes públicos. La organización no gubernamental considera que existen indicios de criminalidad suficientes en las diligencias practicadas, "de las que se puede deducir la existencia de un concierto previo de los agresores, incluso los motivos por los que se conjuraron , así como que aquellos portaban armas y objetos contundentes durante la agresión y tenían el ánimo de producir la muerte". Esta interpretación de los hechos la sustenta la citada organización en los testimonios de testigos protegidos, policías y amigos del fallecido.