Escepticismo en el campo valenciano
Las consecuencias del acuerdo de Berlín sobre la agricultura valenciana merecen un capítulo aparte. El presidente de la Generalitat, que ya protagonizara hace unos días una polémica con su consejero de Agricultura, Salvador Ortells, de UV, entró ayer, como popularmente suele decirse, de nuevo al trapo. En el origen de este desencuentro, unas declaraciones de Ortells rechazando el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Suráfrica que permitirá la entrada sin aranceles de cítricos de aquel país en España. Según el consejero de Agricultura, el convenio perjudica a las naranjas valencianas. Zaplana interpretó las declaraciones de Ortells como una crítica al PP y respondió: "Estamos en una época de turbulencias políticas y cada uno juega el papel que ha de jugar", terció el presidente, quien calificó de poco riguroso y poco serio este tipo de actitudes. Probablemente este roce entre Zaplana y Ortells llevó a la ex consejera de Agricultura María Ángeles Ramón-Llin, que dimitió de su cargo obligada por su marcha de UV, socio de gobierno del PP, a refrendar las declaraciones del presidente. Ésta, en calidad de ex consejera, aseguró que el acuerdo de Berlín permitirá mejorar las explotaciones agrarias valencianas. El presidente de la Generalitat hizo, por otro lado, oídos sordos a las críticas y advertencias vertidas ayer por las dos grandes organizaciones agrarias. El secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, Lucio Monteagudo, declaró que el reparto del presupuesto de la UE del 2000 al 2006, que en la jerga comunitaria se conoce como Agenda 2000, aumenta el agravio comparativo de los productos mediterráneos, "que se convierten de nuevo en moneda de cambio frente a los cultivos continentales que nunca sufren recorte de ayudas". Monteagudo añadió que si no se aumenta el presupuesto comunitario para los cultivos mediterráneos (frutas y hortalizas, vino, frutos secos, etcétera) no se acortarán distancias con las producciones continentales (lácteos y cereales, entre otras). El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, añadió que con el actual acuerdo, la Comunidad perderá cerca de 2.000 millones de pesetas, dado que los 15 países no abordaron el artículo 35 del Reglamento de Desarrollo Rural, que establece una incompatibilidad entre la recepción de ayudas de este capítulo y de la OCM (Organización Común de Mercados) de frutas y hortalizas.
