Casi la mitad de las quejas al Ararteko en 1998 se refirieron a actuaciones de los ayuntamientos
El 48% de las 2.660 quejas que el Ararteko recibió el año pasado tuvieron como motivo actuaciones de los ayuntamientos. Éstos han sustituido al Gobierno, que era hasta ahora la institución contra la que más reclamaban los ciudadanos. El informe presentado ayer por Xabier Markiegi incluye por primera vez un análisis de la situación de los derechos fundamentales en la comunidad. Las actuaciones de la Ertzaintza y la Policía Municipal con los inmigrantes en Bilbao la Vieja son objeto de una severa crítica por la "vulneración" de varios de esos derechos.
Los derechos a la igualdad, a la libertad y la seguridad, a la integridad física y a la intimidad se han visto vulnerados en diversas actuaciones de ambos cuerpos, dice el informe que Markiegi entregó ayer en el Parlamento a su presidente, Juan María Atutxa.La unidad penitenciaria de Txagorritxu se ve también cuestionada en relación con el último de esos derechos. Un varón de entre 17 y 45 años, procedente de Guinea Bissau -313 de los 733 identificados en 1997 tenían esa procedencia- es el perfil de la persona más susceptible de sufrir las consecuencias de un exceso policial en esa zona degradada de Bilbao, que, según Markiegi, se encuentra en una situación "desastrosa" y constituye una muestra de "hipocresía social". La degradación del área ha llevado a ella a un gran número de inmigrantes, entre ellos algunos pequeños traficantes de drogas, contra los que los vecinos tradicionales del barrio piden contundencia policial, en lugar de iniciativas para revitalizar la zona. El "celo excesivo" de las policías, sometidas a la presión de esa parte del vecindario, termina afectando a todo el colectivo de extranjeros. De los testimonios recogidos por la oficina del Ararteko se deduce que esa situación ha propiciado claras vulneraciones de los derechos fundamentales, que han acarreado en ocasiones consecuencias para la integridad física -lesiones-y la dignidad de los afectados, con desproporción entre los medios usados y los objetivos y resultados obtenidos. Las irregularidades más importantes apreciadas, referidas todas a 1997, fueron la violencia en el momento de abordar a las personas para su mera identificación -por ejemplo, colocando la porra en la garganta-, los registros, a veces con la conminación a desnudarse total o parcialmente, en la calle o en un portal, las apropiaciones de dinero y otros efectos, los insultos, en ocasiones con contenidos racistas o xenofobos, y las amenazas. Además de la degradación de la zona, la falta de objetivos definidos en la actuación policial, la ineficacia de los mecanismos de control sobre ella y el aislamiento y falta de recursos y conocimientos de los colectivos afectados están en la base de esas irregularidades, señala el informe. "Acogida favorable" Todos los agentes y responsables policiales encuestados en el estudio negaron la existencia de las prácticas denunciadas o justificaron ocasionalmente algunas de ellas en la naturaleza del objetivo perseguido: por ejemplo, la práctica de colocar la porra contra la garganta de la persona abordada cuando se sospecha que transporta droga en la boca y para evitar que la trague. Tras el estudio de un informe preliminar y un buen número de reuniones, el Ayuntamiento de Bilbao y el Departamento de Interior, ambas instituciones han dado una acogida favorable, dijo Markiegi, a sus recomendaciones, mostrando su acuerdo total o parcial con casi todas. Entre ellas están el cuidado en la selección del personal destinado a la zona y la formación de esos agentes, y el refuerzo del control real sobre su actuación. Recomendaciones En otros terrenos, el informe realiza recomendaciones sobre temas tan dispares como la escolarización entre los 0 y 2 años o los decomisos a vendedores ambulantes; las adopciones internacionales o la retirada de vehículos abandonados en la vía pública, la valoración de los servicios prestados en el acceso a la función pública o los pagos de los usuarios de las residencias de ancianos. El Ararteko actuó de oficio el año pasado en 52 asuntos y recibió 2.660 quejas, pero en realidad los vascos reclamaron por menos asuntos que en 1997, ya que 1.143 de ellas lo fueron por dos únicos asuntos. Los ayuntamientos han rebasado al Gobierno como objeto del malestar de los ciudadanos:un 48% de las quejas se dirigieron a los primeros mientras al Ejecutivo fueron el 34%. Hacienda fue el área más objetada, desbancando de ese lugar a Función Pública: los funcionarios reclaman menos y los ciudadanos comunes lo hacen más. Pese a que la mitad consideran sus asuntos sin resolver o mal resueltos, valoran positivamente la institución en un 92%. Markiegi se mostró satisfecho de la aceptación, en un 63%, de sus recomendaciones, aunque citó "algunos casos de obstinación que no entendemos" y puso como ejemplo al Ayuntamiento de Arrasate y su negativa a empadronar a dos familias portuguesas.
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