La oposición acusa a Lucas de beneficiar intereses del PP con la 'amnistía' urbanística

La enmienda 55 del PP a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, por la que se dará amnistía a edificaciones y urbanizaciones ilegales, se aprobará hoy viernes, en la última sesión plenaria de la legislatura de las Cortes regionales, que se inició ayer. La oposición (PSOE e IU) anunció, tras reunirse con el PP, que votará contra todo su articulado porque vislumbran tras esta iniciativa nombres vinculados al partido que sustenta el Gobierno de Juan José Lucas.

Además del rechazo de la oposición, la enmienda denominada de "regularización urbanística" ha contrariado también a ayuntamientos, colegios profesionales y colectivos vecinales. Todos coinciden en que se trata de regularizar actuaciones urbanísticas desarrolladas sin planeamiento previo y construcciones ilegales carentes de proyecto técnico y sin garantías de ningún tipo, lo que también dará lugar a un tratamiento desigual para los ciudadanos, agraviando a los que actuaron dentro de los parámetros legales.Para el parlamentario regional de IU Santiago Sánchez "es una enmienda de tapadillo, que pretende legalizar cosas no legalizables, y amnistiar para responder a compromisos adquiridos, porque en algunos casos podrá hacerlo el alcalde por un simple decreto". Sánchez lanzó así su acusación de beneficio a los intereses del PP: "Todo se hace por imperativo y presión de sectores implicados, mientras que muchos artículos de la ley tienen dos o tres nombres por ciudad y de personas íntimamente ligadas al PP". Tanto IU como el PSOE analizan casos de posibles beneficiados en Salamanca, Palencia, Valladolid y Segovia.

La ambigüedad de la enmienda es otra de las críticas más generalizadas. Pero lo que ha molestado realmente a la oposición ha sido el procedimiento: una enmienda de adición, por sorpresa.

Aunque IU sostiene que no es necesario abrir una nueva vía para solucionar el problema de las urbanizaciones ilegales en Castilla y León, ya que ahora hay medios legales suficientes, Sánchez ha pedido que se incluya en el texto de la enmienda que, con carácter previo a la regularización, habrá de incoarse el correspondiente expediente de infracción urbanística. Asimismo solicita que deberán ser demolidas todas aquellas ocupaciones, incluidas o no en un área de regularización, que no sean susceptibles de ajustarse a la legalidad.

El hecho de que el director general de Urbanismo y Calidad Ambiental de la Junta, Alejandro de Lis García, no conozca la cifra de urbanizaciones y edificaciones que podrán ser legalizadas ha sorprendido al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno regional, Jaime González: "¿Cómo se puede hacer una ley que contenga ese precepto sin que la autora del proyecto legislativo sepa a cuánto y a quién afecta?; es de una ligereza total". González sí estimó que, "viendo lo que pasa en algunos municipios, principalmente en los alrededores de las ciudades, afectará a muchísimas promociones y urbanizaciones ilegales hechas en suelo rústico, porque introduce un nuevo orden en esta Comunidad peor al que existe".

El director de Urbanismo, además de aclarar que la polémica enmienda no se va a retirar, no dudó ayer de la "corrección" de la medida porque, a su juicio, "ahora se contemplaba una realidad sin que las construcciones ilegales cumplan con los deberes que han cumplido las legales, como participar en cuestiones de cesiones de terrenos, zonas verdes o viales". Y añadió: "No quiere decir que les vaya a salir gratis , todo lo contrario, sino que van a tener que poner dinero para legalizarlo". Alejandro de Lis rechazó, en respuesta a las acusaciones realizadas en Segovia el miércoles por los responsables de los colegios de arquitectos de Castilla y León, que la nueva legislación lleve a un "furtivismo urbanístico". A su juicio, "una cosa es legalizar lo que ya está y otra cosa distinta es seguir aplicando la ley en cuanto a disciplina y gestión urbanística".